13 diciembre, 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha clausurado hoy la 17ª edición del congreso de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, que ha reunido en el Palacio de Vistalegre del distrito madrileño de Carabanchel a 6.000 jóvenes. Allí les ha trasladado un mensaje muy claro: “Creo en los jóvenes y defendemos la libertad frente a grandes lacras que nos están consumiendo, como, por ejemplo, las drogas”.

En su opinión, las adicciones “destrozan proyectos personales” y hay que hacer un “trabajo sobrenatural para dejar en evidencia a quienes quieren que, poco a poco, como está pasando en otros países, especialmente en Estados Unidos o en Canadá, han abandonado a la población, han permitido con el discurso del no pasa nada, la marihuana, blanqueando las sustancias tóxicas”.

El objetivo de esta iniciativa en la que ha participado la presidenta es difundir valores éticos y morales universales a través de historias inspiradoras. En esta ocasión ha contado con la presencia del sacerdote argentino Pedro Opeka, que trabaja como misionero en Madagascar; el joven kurdo, Abdul, que arriesgó su vida al escapar de la cárcel en la que el Estado Islámico le mantuvo secuestrado durante más de cuatro meses, y a la alpinista española Edurne Pasaban, primera mujer en conquistar la cima de las 14 montañas del planeta de más de 8.000 metros.

La Fundación fue creada en 2007 como una organización sin ánimo de lucro para fomentar la solidaridad, el coraje, la superación personal y la esperanza a través de testimonios de personas que ayudan a descubrir y reflexionar sobre lo que de verdad importa.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido hoy la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídico Asesora sobre el primer Reglamento regional para regular el arrendamiento de vehículos de transporte con conductor (VTC). Este sector cuenta con alrededor de 9.000 autorizaciones en el territorio autonómico. El texto que se ultima para su aprobación, y cuya entrada en vigor está prevista para principios del próximo 2024, ofrece seguridad jurídica a usuarios, empresas y profesionales.

Este documento aborda aspectos como los derechos de los clientes, el objeto y ámbito de aplicación de la norma, los requerimientos a las empresas para obtener y mantener las autorizaciones o los requisitos que deben cumplir los conductores y las condiciones de prestación de los servicios, entre otros.

En el caso de los ciudadanos, incorpora cuestiones como la activación de una línea telefónica de atención, sufragada por las operadoras, que debe estar adaptada mediante texto para personas con discapacidad auditiva, así como un medio accesible de comunicación vía web. También, desde el 1 de enero de 2025, de cada diez vehículos a disposición del público, uno deberá ser accesible para que puedan entrar, viajar y salir de él las personas en silla de ruedas.

Se contempla también una nueva modalidad de viajes compartidos que podrá suscribir cada usuario por plaza y con pago individual, en función del recorrido realizado. Esta alternativa de transporte permite al primer pasajero contratar un trayecto, al que podrán sumarse otros para el mismo itinerario o una parte, ya que pueden hacerse paradas intermedias de subida y bajada de clientes, conociendo todos ellos su precio previamente.

En lo referente a las empresas, el Reglamento de VTC establece que para obtener y mantener las autorizaciones deben contar, al menos, con un número de conductores igual al 75% de autorizaciones en alta. Asimismo, podrán disponer de los coches en régimen de propiedad o mediante alquiler bajo las figuras de renting o leasing.

El Gobierno regional también contempla en el articulado que las compañías deben tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que puedan causar a los viajeros durante el servicio de transporte y, además, estarán obligadas a impartir a sus trabajadores una formación continua. Además, en circunstancias de alta demanda, como eventos de ocio o conciertos, se establece que el precio no podrá superar el 75% de la media del coste ordinario.

Pruebas de conocimientos de los conductores 

Por su parte, los conductores de VTC deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad; estar libre de condenas por delitos contra la libertad sexual, y haber superado una prueba para valorar conocimientos sobre el manejo de dispositivos digitales con mapa de navegación, el uso del castellano, primeros auxilios y lugares más importantes de la región, entre sus principales requisitos.

Estos profesionales tendrán un plazo de 18 meses para realizar estos exámenes, a contar desde la entrada en vigor de la disposición que los regule, y podrán seguir conduciendo hasta la finalización de este periodo. Asimismo, quedarán exentos de completar este requisito quienes a la entrada en vigor del Reglamento llevarán ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida o dos en el período de los cuatro años anteriores a la entrada en vigor del nuevo Decreto.

Antigüedad de vehículos y prohibición de captar por las calles 

Además, los automóviles receptores de las autorizaciones no podrán tener una antigüedad superior a la exigida por la legislación estatal; deberán ser retirados de la actividad cuando hayan cumplido los 10 años, a contar desde la primera matriculación, y tendrán que estar clasificados con el distintivo ambiental Cero Emisiones o ECO. No obstante, los que tengan permiso cuando la norma entre en vigor y dispongan de etiqueta C podrán seguir prestando servicio con ese coche hasta diciembre de 2027, salvo que se sustituya antes, en cuyo caso, deberá cumplir con la clasificación Cero Emisiones o ECO.

En el caso de los coches adaptados, se destinarán de forma prioritaria para los desplazamientos de personas con movilidad reducida, aunque no en exclusividad, y tendrán que cumplir la normativa en materia de accesibilidad.

Los VTC también deberán llevar siempre sus distintivos identificativos y no podrán ser decorados con publicidad que induzca a confusión con los vehículos taxi.  Además, se acota su actividad a trayectos contratados de manera previa por los usuarios, prohibiéndoles la captación activa de clientes por las calles. Por ello, no podrán estacionar en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas, sin estar previamente contratados.

Los sindicatos UGT, CGT, STEM y CNT Comarcal Madrid Sur han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga en la Educación Pública madrileña para finales del próximo mes de febrero. Los convocantes denuncian que la Comunidad de Madrid «sigue aplicando medidas en la dirección opuesta a la mejora del servicio público educativo, como hemos comprobado con la reciente aprobación de la subida de ratios en las aulas TEA y la desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo».

En general, el déficit de profesionales de atención a la diversidad «es insostenible, y afecta a todo el profesorado, que ve cómo su alumnado con necesidades educativas especiales carece de los apoyos necesarios para una inclusión efectiva». Recuerdan que «estamos muy por encima de la recomendación de la UNESCO de que la población escolar asignada a cada orientador u orientadora no supere los 250 alumnos. En Madrid, esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas».

En el contexto actual de descenso de la natalidad, «brillan por su ausencia medidas específicas para proteger la educación pública. Se permite la masificación y la normalización de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios, mientras en otros centros no se admite una flexibilización de las ratios de referencia “a la baja” que evite el cierre de aulas».

El incremento en la concertación de plazas en centros privados «supone una dejación de funciones por parte de la Administración, pues corresponde a la administración garantizar el derecho a la escolarización en centros públicos, en cada pueblo y en cada barrio». Sin embargo, aún en «un contexto de baja natalidad, seguimos encontrando barrios y municipios con demanda de plazas públicas y sin colegios o institutos públicos suficientes para atender esa demanda».

La situación de la FP es «especialmente preocupante, al rechazarse sistemáticamente miles y miles de solicitudes para cursar ciclos formativos en centros públicos. Mientras, se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas, que sólo pueden pagar los centros privados (muchos de ellos financiados con fondos públicos) mientras los tutores de prácticas de centros públicos cada vez tienen más difícil encontrar empresas que acojan a su alumnado, especialmente en la rama sanitaria».

A todo esto se suma «la precariedad en las condiciones materiales de trabajo del profesorado madrileño con respecto a los de la mayoría de Comunidades Autónomas, que se concreta claramente en el mantenimiento de unas jornadas de atención directa al alumnado excesivas desde el curso 2011/2012».

Desde el pasado mes de abril, los sindicatos UGT, CGT, STEM y CNT Comarcal Madrid Sur «estamos trabajando en coordinación con asambleas de docentes de centros educativos públicos de nuestra región, y convocando asambleas abiertas al profesorado, para articular una amplia movilización en torno a la reivindicación de la vuelta a las jornadas de atención directa al alumnado previas a los recortes aplicados en el curso 2011/2012 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y generalizados a nivel estatal por medio del Real Decreto 14/2012 de 20 de abril, del ministro José Ignacio Wert».

Esta medida supuso el despido de miles de docentes interinos y una sobrecarga de trabajo en los centros que «en Madrid seguimos arrastrando 12 años después, y la necesidad de revertirla ha sido el hilo conductor que nos ha convencido de la necesidad de anunciar la huelga». La jornada laboral de los docentes se cuantifica en 37,5 horas semanales. De estas, 7,5 corresponden a la estimación del tiempo de trabajo en casa. En Infantil y Primaria hay 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro. En Secundaria hablaríamos de 30 periodos de 55 minutos computando 27,5 horas semanales de permanencia. Las 2,5 horas semanales de permanencia restantes (denominadas horario “irregular”) se computan trimestralmente y se reparten en Claustros, evaluaciones, reuniones con familias en
horario vespertino, etc.

Para el profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial el horario de permanencia semanal se desglosaba hasta 2011 en 18 periodos semanales lectivos (de atención directa al alumnado) y una media de 12 dedicados a otras funciones, principalmente reuniones y tareas de tipo burocrático. En Infantil y Primaria, las horas lectivas semanales eran 23, dedicándose las 7 restantes a otras funciones.

Desde que la Ley 4/2019 de 7 de marzo dejara sin efecto el citado Real Decreto del Ministro Wert, todas las Comunidades Autónomas excepto Madrid «están volviendo gradualmente a la situación previa, y en cinco de ellas ya se ha completado la reducción en todas las etapas», exponen. Mientras, «las 20 ó 21 horas lectivas semanales que seguimos soportando en Madrid en Secundaria, FP y Régimen Especial y las 25 de Infantil y Primaria, suponen un agravio respecto a otros territorios e implican atender a más alumnos durante más tiempo, lo que genera a su vez una sobrecarga de trabajo en forma de incremento del tiempo de dedicación a la programación de la atención individualizada, y también de más correcciones, informes, tutorías, etc., todo esto unido a la reducción del tiempo para realizar estas tareas en el propio centro».

El profesorado madrileño, inciden, «quiere ofrecer un trabajo de máxima calidad a su alumnado, y por eso es imprescindible que disponga del tiempo necesario para realizar esas tareas invisibles, pero no menos importantes que las propias clases». En estos momentos, se negocia el próximo Acuerdo Sectorial, y de los primeros contactos entre los  sindicatoscon representación y la Consejería «sólo se desprende una vaga disposición del Gobierno regional a aplicar una reducción gradual en Secundaria, FP y Régimen Especial. Y respecto a Infantil y Primaria, ni siquiera se vislumbra la posibilidad de una reducción».

Aparte de la reducción de las jornadas lectivas, «no olvidamos otros problemas que es urgente abordar ya»:

– Medidas concretas y efectivas para reducir unas tareas burocráticas que en los últimos años han crecido de forma totalmente injustificada, muchas de las cuales son percibidas por el profesorado como absolutamente improductivas.

– Incremento lineal de retribuciones. Sería inadmisible afrontar el inicio del curso 2024/2025 sin un incremento salarial que nos sitúe por encima de la media de retribuciones respecto al resto de Comunidades Autónomas, más teniendo en cuenta el coste de la vida en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo relativo al precio de la vivienda.

Las cuatro organizaciones convocantes «consideramos que en Madrid ya vamos tarde. Dejaremos un margen razonable para la negociación, pero sin un compromiso firme por parte de la Consejería de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso, y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado, a finales de febrero, habrá huelga».

«Nuestro proceso de diálogo entre organizaciones y nuestras consultas a nuestras respectivas afiliaciones y al profesorado en general seguirán adelante y nos permitirán ir concretando la tabla reivindicativa en las próximas semanas, pero a día de hoy podemos avanzar que la vuelta a las 18/23 podrá no ser condición suficiente para dar marcha atrás, pero desde luego sí será condición necesaria», concluyen.

La Comunidad de Madrid ha instado hoy al Gobierno central a que invierta con urgencia en la red de Cercanías de la región como medida imprescindible para acabar con las múltiples incidencias en la red de este servicio público.

La reclamación, reiterada durante los últimos años por el Ejecutivo autonómico, se produce tras un informe conocido hoy por el Consejo de Gobierno y donde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructura detalla las 710 incidencias ocurridas desde inicios de 2023 en los trenes de Cercanías, competencia exclusiva del Estado. Ante estas cifras, el ministro de Transportes Óscar Puente (PSOE) recordó esta semana las más de 4.200 incidencias en Cercanías Madrid en el último año de Mariano Rajoy (PP) y los constantes cortes de servicio, casi diarios, en las diferentes líneas Metro de Madrid en los últimos años.

Desde el Gobierno regional de Ayuso (PP) critican que estas incidencias en Cercanías se han agravado con tres descarrilamientos de trenes prácticamente simultáneos en menos de dos semanas desde finales de noviembre. El Gobierno regional, según ha remarcado el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, durante su comparecencia, considera que «la falta de inversiones ha provocado este caos periódico en el servicio de Cercanías que afecta anualmente a millones de usuarios y a los que hay que garantizar, ante todo, su seguridad».

Más del 72% de las líneas afectadas 

El informe de la Comunidad de Madrid concluye que en el transcurso de 2023 se han contabilizado problemas en la red y averías en trenes que han repercutido en 8 de las 11 líneas, lo que supone más del 72% de las existentes: C1, C2, C3, C4A, C4B, C5, C8 y C9. Se trata de un incremento de hasta el +53% respecto al año 2022, cuando se computaron 375.

La última tuvo lugar en la madrugada del 8 de diciembre, en pleno puente festivo y con Madrid acogiendo a cientos de miles de turistas, cuando se produjo el tercer descarrilamiento de un tren en Atocha y que afectó a la movilidad de la mayor parte de las líneas ferroviarias. Esta situación provocó, además, demoras en el resto de convoyes que circulan por la región.

Según refleja el informe, los problemas más frecuentes han sido producidos por las averías en las instalaciones (39%), en el material móvil (25%) e infraestructuras y obras (12%).  En la actualidad, más de 650.000 madrileños viajan diariamente en esta red ferroviaria, de los cuales, «más de 300.000 se ven perjudicados como consecuencia de la falta de calidad del servicio», inciden.

Por todo ello, la Comunidad de Madrid exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «ejecute con celeridad las inversiones que estaban programadas en el Plan de Cercanías 2018/25 que elaboró el Ejecutivo que precedió al presidido por Pedro Sánchez».

Su dotación presupuestaria se elevaba hasta los 5.000 millones de euros y, de ellos, «apenas se han ejecutado acciones por valor de 819 millones, lo que supone que el 84% del presupuesto global consignado no se han invertido en los Cercanías madrileños durante los últimos 5 años».

Petición de reunión urgente 

Tras producirse el segundo descarrilamiento el pasado 5 de diciembre, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras envió una carta al ministro titular de esta materia, Óscar Puente, para reclamarle una reunión urgente en la que abordar «la gravedad de esta problemática en la movilidad diaria de los madrileños».

En la misiva, el consejero Rodrigo recuerda que el pasado 24 de octubre, en la Comisión de Seguimiento de esta red ferroviaria que tuvo lugar en la sede del Ministerio, ya trasladó al entonces secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la necesidad de aplicar el citado Plan de Acción Urgente de Cercanías.

También en esa cita la Comunidad de Madrid requirió «un ejercicio de transparencia por parte del Ejecutivo central para conocer con más detalle las inversiones realizadas, y previstas a medio y largo plazo, dado que el mal funcionamiento repercute directamente en la Comunidad de Madrid, teniendo que acometer un sobreesfuerzo en recursos económicos y obligando a reajustar la prestación del servicio».

Un ejemplo de esta circunstancia se produjo la semana pasada, afectando a cerca de 140.000 usuarios, de los cuales un 58% utilizó el Metro, un 22% se decantó por los autobuses interurbanos y el 20% hizo sus trayectos en los autobuses de la EMT.