La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un total de 21 meses de prisión para los 15 activistas de los movimientos Rebelión o Extinción (Extinction Rebellion), Futuro Vegetal y Rebelión Científica que protestaron el pasado mes de abril de 2022 por las llamadas «emergencias» derivadas del «cambio climático» y arrojaron pintura roja contra la fachada del Congreso de los Diputados.
Este edificio está catalogado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y que tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral. El representante del Ministerio Público les imputa un delito contra el patrimonio histórico y les reclama una indemnización en concepto de responsabilidad de 2.593 euros al Estado y de otros 714 euros al Ayuntamiento de Madrid.
El escrito de la Fiscalía señala que poco antes de las 10:00 horas del 6 de abril de 2022 un grupo de quince personas, «previamente concertados entre sí», acudió a la Plaza de las Cortes de Madrid con motivo de una protesta en la que participaron junto con otras personas ante el Congreso de los Diputados por razón de las llamadas «emergencias» derivadas del denominado «cambio climático».
💥Un año después de la acción del Congreso, coincidiendo con el juicio de instrucción donde la fiscalía pide delitos de hasta 8,5 años de prisión, lo volvemos a pintar
📍Hoy frente al congreso a las 18 concentración de apoyo.#JuicioAlaCiencia#PerderElJuicio#RebeliónoExtinción pic.twitter.com/yvKNfswluf
— Extinction Rebellion Spain (@esXrebellion) March 30, 2023
Una vez allí, provistos de sustancia líquida de composición orgánica, «posiblemente resultante del previo licuado de remolacha y su mezcla con cacao y/o alguna otra sustancia», arrojaron dicha sustancia líquida en múltiples zonas de la fachada principal del edificio del Congreso de los Diputados, «incluyendo la escalinata, las columnas, el pórtico, los podios de los leones, y parte de la fachada anexa a la puerta principal de bronce».
La sustancia líquida de pigmentación rojiza causó menoscabos en el inmueble «cuya plena restauración exigió, además de una primera limpieza mediante la aplicación de agua a presión por el Servicio Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid, con un coste de 713’57 euros, la posterior intervención del inmueble mediante aplicación de sistemas de limpieza controlados e inocuos para la piedra y los morteros.
En el lavado se tuvo que emplear tensoactivos, cepillos y sistemas absorbentes encaminados a eliminar los residuos orgánicos que quedaron, principalmente en los materiales porosos. En total, es coste adicional ascendió a 2.592’69 euros para el presupuesto del Congreso de los Diputados.
Por último, la Fiscalía subraya que el edificio del Palacio del Congreso de los Diputados, situado en la Carretera de San Jerónimo nº 39 de Madrid, está catalogado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral de conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
Además, le fue incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento por Orden Ministerial de 4 de junio de 1977 del Ministerio de Educación y Ciencia, con la consecuencia del artículo 11.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español.
