El recién formado movimiento vecinal ‘Simancas Sin Manguis’ ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado sus «acciones de presión» frente a los narcopisos en el barrio de Simancas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, «cuya localización es un secreto a voces», y ha solicitado formalmente una reunión de urgencia poder «abordar el gravísimo problema» de la okupación «con la profundidad que merece, a fin de erradicarlo de una vez por todas».
Este nuevo movimiento «integrado por particulares, empresas, asociaciones de comerciantes y entidades participativas de todo el tejido social que conforma el barrio madrileño de Simancas», nace «con el firme propósito de erradicar los graves problemas de inseguridad e insalubridad derivados de la okupación de inmuebles, muchos de los cuales se han apuntalado en el barrio madrileño de Simancas como verdaderos narcopisos dedicados a la venta, distribución y consumo de todo tipo de estupefacientes, así como al trapicheo de artículos robados».
«En efecto, tal y como venimos constatando cada día a través de los medios de comunicación, las graves y palmarias consecuencias del enquistado problema de la okupación han reducido al más ínfimo nivel la seguridad, la salud pública, la actividad comercial, el empleo, y en definitiva, la prosperidad de un barrio que si antaño fue el paradigma del desarrollo, la expansión y el progreso, en los últimos años se ha consolidado como aciago símbolo del menudeo, la delincuencia y la decadencia», señalan en su misiva.
Desde el movimiento vecinal Simancas Sin Manguis «hemos decidido dar un paso adelante para exigir a las instituciones municipales, autonómicas y estatales un cambio normativo y procedimental que anteponga los intereses de los vecinos de este legendario barrio sanblasino a los de las mafias organizadas que cada día insisten en hacerlo pedazos».
El barrio madrileño de Simancas «no tiene tiempo ni oxígeno para más prórrogas vacías. No valen balones fuera cuando nuestras calles se desintegran por culpa de las mafias y el crimen organizado. Habida cuenta de la nefasta legislación nacional, secuestrada por un poder ejecutivo que lleva demasiado tiempo promoviendo sin el menor rubor este problema a cambio de los votos de los propios okupas, que agradecen de este modo ser empadronados, regularizados, subsidiados, y en definitiva, amparados y blanqueados en sus acciones delictivas, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen la posibilidad, y también la obligación, de poner fin a esta ignominia haciendo valer sus competencias en materia de seguridad ciudadana y salud pública, en primer lugar, ordenando la clausura de todos aquellos inmuebles en los que se evidencien acciones que comprometan la seguridad vecinal, a saber, enganches ilegales de suministros, obras no permitidas, narcotráfico, plantaciones, tráfico de personas, etc., y en segundo lugar, personándose como acusación particular en todos los procesos de okupación, que es el parapeto detrás del cuál se atrinchera la gran mayoría de la actividad delictiva».
Y es que, señalan, «un simple enganche ilegal de luz o agua pone en grave riesgo la vida de todo un vecindario que clama cada día para poder pasear con hijos menores de edad sin temor ni riesgo a exponerlos a menudeos, reyertas, robos, incendios o enfermedades derivadas de la infame insalubridad que acarrea la okupación».
«La negativa del presente Gobierno en funciones a emprender una reforma legislativa profunda que ponga definitivamente punto final a esta lacra, es consistente con el surrealismo y la indecencia de que en pleno proceso de investidura sólo se hable de amnistía y referendum, sobre todo en la región que lidera la tasa de okupación y delicuencia en España», denuncian.
«Precisamente el hecho de tener un gobierno nacional enrocado en el negacionismo, que se ampara en la disminución del número de denuncias para justificar espuriamente la inexistencia del problema que alimenta, hace si cabe más acuciante la intervención de los gobiernos autonómicos y locales, que son el único y último halo de esperanza para unas víctimas de la okupación que han dejado de denunciar porque están hastiadas de bregar contra una legislación que la incentiva, desautorizando y echando por tierra de manera degradante la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros se sienten desprotegidos al carecer de instrumentos normativos que les permitan actuar con contundencia y sentido común sin tener que jugarse su puesto de trabajo», explican desde Simancas Sin Manguis.
«Como ya fuera necesario durante la pandemia, tanto las entidades locales como las comunidades autónomas deben abandonar su status de complicidad, tomar la iniciativa y empezar a desocupar inmuebles haciendo uso de sus propias competencias en seguridad y salud, habida cuenta de la incompetencia del gobierno central. Sólo así será posible reducir al máximo los índices de delincuencia, que campa a sus anchas al amparo de la impunidad de la okupación, y restaurar la seguridad y la salud pública de los barrios y municipios okupados, la tranquilidad y la paz social, la actividad comercial y la prosperidad económica. Incluso el precio del alquiler se regularizará por sí solo al aumentar la oferta y desaparecer el miedo de los propietarios a sacar al mercado sus inmuebles», inciden.
Por todo ello, el movimiento vecinal Simancas Sin Manguis, «con la legitimidad y el derecho natural intrínseco a la dignidad propia de la condición humana, continuará programando acciones de presión frente a los narcopisos cuya localización es un secreto a voces, en aras de concienciar a las instituciones locales y autonómicas, así como a las formaciones políticas que las dirigen, de que la solución a la ignominia de la okupación sí está en sus manos».
Asimismo, concluyen sus cartas a Ayuso y Almeida, «solicitamos formalmente una reunión de urgencia en aras de tener la oportunidad de trasladarles nuestras propuestas y poder abordar este gravísimo problema con la profundidad que merece, a fin de erradicarlo de una vez por todas».
