La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 8 años de prisión (tres por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral) para José Ramón Mérida Velasco, el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
El médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”. A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.
El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral”. Y ello porque durante años desatendió “sistemáticamente” las “justas” demandas de los trabajadores “al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución”. Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”.
Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio. “El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos”, denuncia la Fiscalía.
Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies. Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos “determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores”.
Tales circunstancias eran conocidas por Mérida “así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía”. Y es que, por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano “que carecía de ventilación adecuada” por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases. Incluso la Fiscalía advierte de que no existía ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos.
Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados. “Sin embargo –añade la Fiscalía-, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”. Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor “pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición”.
Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que “los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales”. Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. “Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos -explica la Fiscalía- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”.
Pero es que, además, los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y la condiciones de higienes era “deficientes”. Tan es así que en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos. El escrito de acusación pone también de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia “permanente” de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y “de modo repetitivo” cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba “introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción”. Carecían incluso de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio. A la primera queja motivada por el mal funcionamiento de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal olor que desprendía, la respuesta fue: “las puertas cerradas y que no se hable nada”. Cuando se le expuso la necesidad de llevar los cadáveres a otro sitio la repuesta fue que “era muy caro” y ante el requerimiento para que frenara la afluencia de cadáveres por falta de espacio, ya no hubo respuesta.
“El 30 de abril de 2014, la técnico (,,,) volvió a solicitar que se llevaran los cadáveres, a lo que el acusado contestó que era imposible. Ese mismo día, a última hora, el acusado convocó a (…) y a (….) para decirles “por esa vía vais mal” en referencia a las fotografías que habían aparecido en la prensa. El 12 de mayo de 2014, a través de la secretaria de su Departamento, el acusado dijo a los técnicos que se ataran los machos, que estaba muy enfadado con todos ellos, que las cosas iban a seguir igual y que el que no estuviera a gusto se marchara. Asimismo, en referencia a la publicación de las fotografías del centro de trabajo en la prensa, manifestó que si se enteraba de quién había sido que se preparara”, recuerda la Fiscalía.
Finalmente, al tener conocimiento Mérida de que el 20 de mayo de 2014 iba a tener la primera visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recriminó a los técnicos su negativa a colaborar con él en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos. Ese mismo día la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenó la paralización de todos los trabajos y al depurarse responsabilidades por parte del Rectorado de la Universidad, se extrajeron del sótano 534 cadáveres, a los que se dio destino legal.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama 66.619 euros (técnico 1), 46. 401 euros (técnico 2), 77.103 euros (técnico 3), 22.303 euros (técnico 4) y 21.832 euros (técnico 5) y 10.000 euros para (1, 2, 4 y 5) por los daños causados en su integridad moral personal durante años y 3.000 para (3).
