Este miércoles, 1 de febrero, el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid ante un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo establecido en los artículos 264 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La denuncia registrada recoge que el 17 de agosto de 2020, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, «aceptó la propuesta de la mesa de adjudicación para la adjudicación del concurso Redacción del Proyecto de Ejecución del Paseo Verde del Suroeste (soterramiento de la A5 – Paseo de Extremadura)».
La empresa adjudicataria de dicho contrato, por importe final de 2.543.178,75 €, resultó ser la UTE ESTEYCO, S.A. – SUBTERRA INGENIERÍA, S.L., «en la cual trabaja como responsable del Departamento de Delineación Rafael Carabante, hermano del concejal Borja Carabante».
El 18 de agosto de 2020, «un día después de aprobar la adjudicación, Borja Carabante anuló su decisión y pidió por carta al alcalde Almeida abstenerse en un proceso que el Consistorio ha mantenido secreto». Almeida decretó que «aceptaba la solicitud de abstención de Borja Carabante en la adjudicación del contrato y ordenaba a su portavoz, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera».
Tras la sustitución, la portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, procedió a la «adjudicación final del proyecto para el soterramiento de la A-5 a la misma empresa, publicándose en el Portal de Contratación el 13 de octubre, de nuevo con la firma de Inmaculada Sanz».
Además, en la denuncia se incluye un segundo contrato que tuvo lugar en noviembre del año 2020 que Almeida adjudicó por 187.000 euros a la misma empresa donde trabaja el hermano de su concejal de Movilidad, y que estaría enfocado en la asistencia técnica para la supervisión de proyectos de Calle 30.
La «valoración subjetiva» de los técnicos del área de Borja Carabante «volvió a ser decisiva también en este segundo contrato, y otorgó éste y el anterior contrato a las UTE de Subterra, la compañía en la que trabaja y ostenta un cargo su hermano, Rafael Carabante».
«En definitiva, ambas contrataciones parecen recoger presuntas irregularidades que pueden constituir indicios delictivos en la adjudicación de contratos», señalan desde Podemos Madrid.
