La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal afincada en las provincias de Madrid y Toledo que, presuntamente, llegó a estafar unos 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca. Se ha detenido a 39 personas y se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios donde se han recuperado 281 documentos sustraídos, tres falsificados y 20 carnés de conducir robados dispuestos para cometer nuevos delitos.
La investigación se inició el pasado mes de enero tras conocer la existencia de un grupo organizado, afincado principalmente en las provincias de Madrid y Toledo, con una alta especialización en las estafas bancarias y financieras, entre otros delitos.
Las pesquisas de los agentes permitieron conocer el funcionamiento de la red criminal, que contaba incluso con un grupo de carteristas que se dedicaban a sustraer documentaciones en el transporte público que posteriormente facilitaban a la organización, quienes las utilizaban para hacerse pasar por clientes ante entidades bancarias y abrir nuevas cuentas o adquirir vehículos.
En la cúspide de la organización se encontraba el principal cabecilla de la trama, quien se prevalía de la influencia de su posición social. Bajo su mando inmediato, se situaban personas encargadas de conseguir la documentación y su posterior reparto, así como de la confección de los grupos de trabajo que se encargaban de desplazarse y actuar por las diferentes oficinas bancarias.
Un escalón inferior, estaría conformado por el aparato de captación, encargados del reclutamiento y formación de las personas que actuaban en las oficinas bancarias, las que facilitaban sus cuentas bancarias para el desvío de fondos y/o reintegros en efectivo. Estos servicios eran remunerados con pagos en metálico o mediante sustancias estupefacientes a personas desfavorecidas que captaban desde el local donde operaba el líder de la organización, llegando a emplear métodos coercitivos con los más reticentes a trabajar para la organización.
Por último, los mencionados grupos de actuación siempre estaban compuestos por un individuo de la máxima confianza de la cúpula, quien mediante una dirección férrea disponía de la autonomía suficiente para la ejecución de las órdenes oportunas a los individuos que se personarían en las ventanillas bancarias o realizarían las trasferencias a terceros miembros. Para ello no dudaban en adoptar apariencias similares a la de sus legítimos dueños, haciendo uso de elementos de disfraz cuando era necesario.
Secuestro de cuentas
La metodología versaba en la comprobación de la existencia y funcionamiento de las cuentas corrientes de las víctimas mediante la petición de saldo o realizar un microingreso. Posteriormente procedían a la modificación del teléfono y correo electrónico, elementos de contacto entre banco y cliente, “secuestrando” la cuenta, al disponer de las comunicaciones de seguridad y uso de su banca electrónica.
También, previa solicitud de la situación global de la cuenta, llevaban a cabo el reintegro en efectivo del dinero o el desvío a otras cuentas controladas por la organización. A su vez disponían de una red de personas a sueldo que de manera inmediata sacaban en efectivo el máximo capital posible y lo transferían a terceras cuentas, con la intención de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero ante la posibilidad de que estas quedaran bloqueadas, una vez la victima denunciara los hechos.
La organización contaba con la ayuda de otros delincuentes los cuales, a través de potentes equipos informáticos, eran capaces de confeccionar nóminas y vidas laborales, a fin de dar apoyo y mayor credibilidad a las operaciones financieras que realizaban con los DNI sustraídos.
Tráfico ilícito de vehículos
Estas operaciones, no sólo se ceñían a las estafas en bancos o contratación de líneas de crédito online, sino que incluía el tráfico ilícito de vehículos con la adquisición de automóviles de alta gama. Tras adquirir los turismos con financiación obtenida empleando los documentos falsificados, los revendían en el mercado negro del norte de África antes de que se descubriera el impago a las financieras y así evitar posibles órdenes de embargo que pudieran bloquear su salida de España. Uno de estos vehículos pudo ser recuperado cuando se disponían a embarcarlo en un buque con destino a Argelia.
Los investigadores pudieron comprobar la existencia de alrededor de 140 personas afectadas y un volumen de fraude de unos 250.000 euros. La investigación culminó con la desarticulación de la organización, en un operativo en el que se ha detenido a 39 personas -como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas-, entre ellos el líder de la organización.
Se han llevado a cabo la entrada y registro en 15 domicilios, donde se han intervenido más de 300 documentos de identidad españoles sustraídos, un vehículo de alta gama, joyas, sustancias estupefacientes, así como ordenadores, teléfonos móviles y gran cantidad de documentación relevante para la investigación.
