Más de 2.000 taxistas se han manifestado esta mañana en la capital para mostrar su indignación con respecto a la aprobación de la nueva Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid que permitirá a las VTC seguir circulando por la capital sin renovar las autorizaciones a partir del mes de octubre.
Y es que, octubre es el mes en el que se cumple la moratoria que establecía el decreto 13/2018, también conocido como decreto Ábalos, por el que las comunidades autónomas tenían estos cuatro años de plazo para crear una normativa específica que regulase los servicios de las VTC en suelo urbano. Así, mientras otras autonomías si han regulado en este sentido, Madrid no se había pronunciado hasta el momento.
“El texto de lectura única elaborado por el equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso sin contar con el sector es un atropello no solo al taxi, sino a las más de 25.000 familias que viven del mismo y que no merecen este trato que solo beneficia a tres grandes empresas internacionales que copan la gran parte de las autorizaciones VTC”, ha asegurado el presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz.
En este sentido, la propuesta de la FPTM pasa por crear una autorización, a nivel nacional, con carácter expresamente regulado, que permita seguir realizando servicios urbanos a partir de octubre, cuando finalice el decreto Ábalos. “La normativa que pretende sacar adelante la señora Ayuso es tan laxa que incluso les exime de cumplir el régimen sancionador estatal. Es un mecanismo para darles libertad absoluta y que no tengan que rendir ningún tipo de cuenta ante la ley”, ha subrayado.
Desde la propia asociación, además, han expresado las dudas jurídicas que les despierta esta aprobación pues, según el estatuto de autonomía y según la propia doctrina del Tribunal Supremo en distintas sentencias, el gobierno regional no tiene competencias plenas para llevar a cabo esta modificación legal. Por este motivo, “trabajarán con todas las herramientas legales disponibles para esclarecer esta cuestión y tomar las medidas oportunas en caso de que la norma vulnerase la ley”, ha aseverado Sanz.
