El sindicato CCOO ha presentado esta mañana de miércoles, 30 de marzo, su propuesta de 10 medidas ante la crisis energética en la Comunidad de Madrid. Ha sido presentado en rueda de prensa por Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, y Ramón Boixadera, coordinador del Gabinete Técnico del sindicato.
El sindicato expone que la guerra en Ucrania y el incremento en los costes energéticos «amenazan la incipiente recuperación económica y golpean con especial fuerza a las clases populares, que sufren de primera mano el incremento de la factura eléctrica y de los precios de los productos básicos». «Llueve sobre mojado para aquellos colectivos, como las mujeres o las personas jóvenes, donde la precariedad y los salarios bajos son más prevalentes», inciden.
Desde CCOO de Madrid exigen «medidas valientes, que garanticen los ingresos de las personas trabajadoras y sus familias, que garanticen la viabilidad de los sectores económicos más afectados por el auge de los precios y que aceleren la transición productiva hacia un modelo menos dependiente de los combustibles fósiles y menos vulnerable a las distorsiones en el mercado energético, desde una posición de firmeza en defensa de los intereses colectivos».
Por todo ello lanzan estas 10 propuestas:
1. Es necesario avanzar en un pacto de rentas que aleje el espectro de una espiral inflacionista y asegure el poder adquisitivo de los salarios. Para ello, debe desbloquearse la negociación colectiva e introducir cláusulas de revisión en los convenios que garanticen el mantenimiento de los salarios reales en caso de desviación de los precios respecto a las previsiones.
2. La Comunidad de Madrid debe reformular la Renta Mínima de Inserción, revirtiendo el desmantelamiento producido en los últimos años, con el fin de asegurar su carácter complementario al IMV estatal y garantizar unos ingresos mínimos (700€ mensuales) a toda la población en riesgo de pobreza o exclusión social de la Comunidad de Madrid. Se han dejado de gastar 200 millones de euros que podrían haber sido destinados a luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social que afecta a uno de cada cinco habitantes de la región.
3. Las medidas de protección social deben tener en cuenta el impacto específico de la crisis sobre la pobreza energética. La Comunidad de Madrid no puede limitarse a actuar como gestora de los bonos estatales, sino que debe asegurar ayudas de emergencia a aquellos consumidores vulnerables o en riesgo de cortes en el suministro energético que no queden cubiertos por la red de protección estatal.
4. Debe regularse el mercado de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible, con el fin de compensar el crecimiento en el coste de los suministros y asegurar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna. Esto exige hacer un uso decidido de las competencias autonómicas en materia de vivienda (protección y ampliación del parque de vivienda pública y de protección oficial, alquiler forzoso de viviendas vacías en manos de bancos y grandes tenedores, coordinación con servicios sociales para frenar los desahucios y asegurar alternativas habitacionales…), sin renunciar a aquellas medidas como el control de precio de los alquileres que puedan extenderse al amparo de la normativa estatal.
5. Debe acelerarse el despliegue de los fondos europeos en los ámbitos relacionados con la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables, con el fin de reducir los costes de la energía y asegurar la autonomía en el suministro. Esto implica también reforzar los mecanismos para maximizar el impacto de estos fondos sobre sus potenciales receptores. La Comunidad de Madrid debe coordinarse con las administraciones locales y garantizar que
los colectivos más vulnerables pueden optar a las ayudas de rehabilitación de vivienda o autoconsumo en igualdad de condiciones, creando canales específicos de información, coordinación y apoyo financiero.
6. Debe instrumentarse, mediante créditos blandos u otras medidas de apoyo financiero, el soporte a los sectores productivos más intensivos en energía y otros suministros al alza y hacia los colectivos empresariales, como los pequeños autónomos, más vulnerables al alza de precios con el fin de asegurar la viabilidad de su actividad en el corto plazo. Esta liquidez debe servir también para acometer inversiones tendentes a reducir el consumo energético, con el fin de incrementar su resiliencia futura, por lo que es importante la coordinación de estas medidas con aquéllas destinadas a la transformación del modelo productivo mencionadas en el punto anterior. Denunciamos, una vez más, la falta de compromiso de la Comunidad de Madrid con las medidas pactadas para la transición productiva, como es el caso del Plan Industrial, que se encuentra paralizado.
7. Debe reforzarse el transporte público en la Comunidad de Madrid, ampliando su oferta y asegurando que el mismo sea accesible a las personas trabajadoras y sus familias. En concreto, solicitamos una reducción en el coste de los abonos, la aplicación de tarifas reducidas para colectivos de bajos ingresos y una mejora de la zonificación e integración del transporte público para asegurar la equidad territorial en la Comunidad de Madrid.
8. La Comunidad de Madrid debe desarrollar impuestos propios sobre la generación y el transporte de la energía, como existen en otras comunidades autónomas, para redistribuir los beneficios excesivos del oligopolio energético hacia la transición verde.
9. El sistema fiscal puede contribuir a paliar el incremento de los costes energéticos y su impacto sobre las rentas más bajas. En este sentido, debe valorarse una reducción del IRPF en los tramos salariales inferiores, con una reducción equivalente en las retenciones practicadas. Sin embargo, esta reducción debe respetar el carácter progresivo y la suficiencia del sistema fiscal en su conjunto: incluidas las medidas de protección social y transformación productiva aquí esbozadas. Nos reiteramos en la necesidad de incrementar la progresividad del IRPF hasta igualar las tarifas estatales para las rentas más altas y eliminar las bonificaciones existentes en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio para las personas de mayor riqueza.
10. Solicitamos la creación de una mesa de crisis, con participación de los agentes sociales, que monitorice las medidas desarrolladas como respuesta a la actual situación de emergencia social y productiva. Deberán abordarse allí otras medidas relacionadas con la adopción de medidas de flexibilidad, como la reducción de los tiempos de trabajo, que orienten la transición hacia un modelo económico y social más sostenible ecológicamente y socialmente, con el que estamos comprometidos.
