La Fiscalía Provincial de Madrid solicita penas que van desde los 7 años y cuatro meses de prisión a los tres años y cuatro meses para los 23 miembros de una red dedicada a las peleas ilegales de perros a los que sometían a un “cruel maltrato” desde su nacimiento y luego los mataban “cuando ya no les eran de utilidad para su fines”. El representante del Ministerio Público les imputa, según los casos, los siguientes delitos: pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos. El juicio arranca el lunes, 7 de marzo, en el Audiencia de Madrid.
Se tiene constancia de que un grupo organizado de personas dedicado a organizar, promover y participar en peleas de perros “con ánimo de enriquecimiento injusto” operó tanto en España como a nivel internacional “al menos desde el mes de septiembre de 2016”. Para ello criaban perros de razas potencialmente peligrosas y los entrenaban para participar en peleas donde se apostaban “grandes cantidades de dinero”. Además, les adiestraban con el objetivo de que fueran más agresivos a base de fármacos y sustancias dopantes “muy perjudiciales para los canes”, y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular.
La Fiscalía subraya que los acusados sometían a los animales a una situación de “cruel maltrato” desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y “duros” entrenamientos físicos. Incluso llegaban a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica “llevando al animal hasta su extenuación”. Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido lo utilizaban como “sparring” o les mataban “cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por todo el territorio nacional o al extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea”.
Entre los miembros de esta organización existía una división de funciones y también territorial con grupos “claramente” identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En sus territorios formaban pequeños grupos interconexionados entre sí que, a su vez, tenían ramificaciones a nivel internacional, para llevar a países como Italia, Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes “a los perros que destacaban por su agresividad”.
Cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica. Unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos “apostando en los mismos”. Los acusados, muchos de ellos criadores de perros peligrosos, pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y/o lugar. En estas actividades solo podían participar los miembros de la organización, “u otras personas que fueran apadrinadas por uno de sus miembros, encontrándose todos los miembros de la organización especializados en esta materia, y disponiendo de una jerga propia”.
En el caso de la comunidad de Madrid R. R. D era el líder del grupo y el encargado de mantener los contactos fuera de España. El acusado, que era una especie de “cazatalentos”, tenía varios perros que criaba en una finca de Batres y allí celebraba “topas” (enfrentamientos previos a una pelea) con el fin de seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados de cara a promover su lanzamiento a peleas internacionales, “donde el lucro obtenido siempre era muy superior”. En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros “en estado lamentable de salud e higiene”. La mitad de ellos fallecieron debido al estado de salud en que se encontraban, “siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias”.
En otra finca situada en el término municipal de Fuente El Saz de Jarama, propiedad del acusado Á. O. R., había un criadero de perros donde se les adiestraba en un ring para la celebración de las peleas. Á. O. R., además, realizaba funciones de asesoramiento a otros miembros del grupo en materia de cría, cuidado y adiestramiento, de los animales. En su finca se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos”. En esa misma finca L. M. M. supervisaba las funciones de adiestramiento y suministraba a los perros “medicación específica para potenciar su agresividad de cara a la celebración de las peleas, tratándose de fármacos y sustancias dopantes muy fuertes y perjudiciales para la salud de los canes”.
Entre el grupo de seis acusados que operaban en la comunidad de Madrid se encuentra el veterinario C. M. Y. cuya tarea era la de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, “medicación que es de exclusivo suministro veterinario”. Al mismo tiempo aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico de los perros, “a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando” con los perros. Según la Fiscalía, el acusado era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, “evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales”.
