«La Comunidad de Madrid no aplicará ninguno de los enunciados de la nueva Ley de Vivienda que sean lesivos para la propiedad y la inversión». Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de proyectos del Plan VIVE en Valdebebas.
«Puedo asegurarles que no vamos a aplicar ninguno de los enunciados dispositivos de esta Ley de Vivienda que sean lesivos para la propiedad y la inversión, como la declaración de las llamadas zonas tensionadas», ha advertido. El Gobierno de la Comunidad de Madrid «propone un modelo abierto, que reciba inversiones y contribuya a que haya más suelo en el mercado. Es decir, más oferta, más libertad».
«Mientras nosotros estamos trabajando por el beneficio de todos los ciudadanos, lo que estamos viendo es un modelo opuesto que se está intentando imponer desde el Gobierno central y lo mismo hemos visto esta misma semana con el proyecto de Ley de Vivienda que se ha aprobado en el Consejo de Ministros», ha indicado.
Para Ayuso «es un ataque frontal a la propiedad privada, a la reactivación económica y al acceso a la vivienda y las consecuencias de la futura Ley del Gobierno ya las conocemos: va a disparar el precio de la vivienda, va a reducir la oferta para incrementar el precio medio y va a dificultar el acceso».
«Y los expertos ya lo están anunciando: de aquí a 2025 va a traer un recorte del 30% en la construcción de vivienda para alquiler en España, va a incitar la fuga de inversores y va a conllevar, por tanto, la pérdida de empleos en el sector», ha subrayado, incidiendo en que «en definitiva, se vuelve a penalizar a quienes más necesitan acceder a una vivienda y lo hacen interviniendo el mercado, imponiendo limitaciones, eliminando estímulos fiscales y renunciando a aprovechar el suelo público que está infrautilizado».
«Frente a ese planteamiento intervencionista y confiscatorio, quiero decirles que pueden contar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para blindar los derechos de propiedad y la confianza de los inversores desde la certidumbre y la seguridad jurídica», ha concluido.
