El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado los trabajos previos para la aprobación de una nueva Ordenanza Reguladora del Acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para Mayores y/o Personas con Discapacidad, según ha informado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Se trata de la ordenanza que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que atiende a 75.000 ciudadanos -principalmente mayores de 65 años -proporcionándoles una variada gama de servicios dependiendo de sus circunstancias personales y sociales. La Dirección General de Mayores ha dado inicio ya a los trámites necesarios para la aprobación de la nueva norma, prevista para finales de este año, que sustituirá a la actual, vigente desde 2009.
La nueva ordenanza nacerá con dos objetivos prioritarios. El primero es poner a la persona usuaria en el centro del SAD, facilitando el acceso al mismo y con mayor sensibilidad hacia determinadas situaciones personales y sociales. En este sentido, se darán más puntos a los potenciales usuarios que tengan menores a su cargo, pensando en aquellas personas mayores o con alguna discapacidad que cuidan a niños, una realidad cada vez más frecuente en nuestra ciudad. Esta medida, además, incide en la especial protección de la infancia que tiene como bandera el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Asimismo, se facilitará que las víctimas de violencia de género accedan con mayor rapidez al servicio, en coherencia con la estrategia de la Dirección General de Igualdad para mujeres mayores víctimas de violencia de género, al allanar el camino hacia la recuperación y autonomía de estas mujeres. Otras medidas contempladas son que el nivel de renta deje de ser un límite para acceder al servicio y flexibilizar algunos supuestos de suspensión del servicio para evitar dejar sin atención a personas que lo precisan.
Procedimiento exprés
El segundo objetivo es facilitar la gestión de las tramitaciones del SAD para responder de forma más ágil a las solicitudes de los ciudadanos y acortar los plazos de espera. En relación con este objetivo, se pretende simplificar al máximo la tramitación administrativa, un expediente que ahora mismo es de seis folios, y establecer mecanismos extraordinarios para casos especiales. Así, se establecerá un procedimiento exprés para resolver en solo tres días las situaciones urgentes o, incluso, en cuestión de horas cuando el SAMUR Social lo proponga una vez valorada la petición como de extrema urgencia.
El actual contrato del SAD se aprobó en Junta de Gobierno en febrero de 2020 por un importe de 650 millones de euros, lo que supuso un aumento del 29 % respecto al anterior pliego. El contrato recogía entre sus novedades la incorporación de nuevos profesionales específicos para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, la creación de la figura del responsable de coordinación para mejorar la cobertura del servicio y la apuesta por un mayor impulso en nuevas tecnologías.
