La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha participado este mediodía en la Jornada sobre la Reforma de la Financiación Local organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) con la colaboración del Senado, en donde ha expresado la necesidad de que el Gobierno de la nación lleve a cabo de manera conjunta la reforma de los modelos de financiación autonómica y local.
Unas modificaciones, ha subrayado, que deben corregir las disfunciones económicas y jurídicas de los entes locales y, además, tener en consideración las características especiales de Madrid, como es ser la capital de España. Hidalgo ha recordado en su intervención algunos de los datos más destacados de la ciudad de Madrid como son los 3.334.730 millones de habitantes, una cifra que representa el 49 % de la población de la región y el 7 % de España. La capital tiene un PIB de 152.576 millones de euros, el 63,6 % del PIB de la Comunidad y el 12,3 % del total del país.
En el año 2019, el PIB de la ciudad superó el de todas las comunidades autónomas salvo el de Madrid, Cataluña y Andalucía. Un PIB per cápita que en la capital es superior en 20.000 euros a la media de España, que se sitúa en los 26.438 euros. En lo referente a la tasa de paro, es del 12,2 %, 3,7 puntos menos que la media de España que es del 15,9 %.
En su exposición, la delegada ha puesto en valor los esfuerzos que los municipios están realizando para mejorar la gestión tributaria e incrementar tanto la seguridad jurídica como la eficacia en la gestión. No obstante, considera que “el sistema de financiación local presenta grietas muy marcadas y expansivas que pueden erosionar gravemente a corto plazo las bases fiscales e incrementar la inseguridad jurídica”.
Hidalgo entiende que, en este contexto de incertidumbre, se hacen necesarias y urgentes unas acciones legislativas para adaptar las haciendas locales a las necesidades de las entidades locales y de los ciudadanos del siglo XXI, “una reforma legislativa de gran calado sobre la base de un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas y con gran rigor técnico”, ha señalado.
La delegada considera que esta reforma debe hacerse sobre la base de una visión global de todo el sistema tributario español para extremar la coherencia de las diversas piezas del sistema y debe tener en cuenta las demandas que se van proyectando desde la sociedad de nuestros días sobre los gobiernos locales. “La distribución competencial es más activa y adaptable de lo que puede parecer a primera vista y acontecimientos extraordinarios como la COVID-19 y el propio dinamismo de la economía y la sociedad del siglo XXI nos lo hacen patente de forma ineludible”, ha manifestado.
Eliminar duplicidades y garantizar recursos financieros
Engracia Hidalgo ha puesto el acento en una de las reivindicaciones que desde la esfera local se viene haciendo sobre financiación adicional por parte de los municipios en ciertas competencias que, si bien la normativa vigente atribuye a otras administraciones, terminan siendo desempeñadas por los entes locales por razones de proximidad y subsidiariedad, muchas veces sin la financiación adecuada.
En este apartado, ha recordado que el Consejo de Europa ya ha manifestado su preocupación por esta confusión competencial y viene recomendado a las autoridades españolas que tomen medidas concretas para eliminar la duplicidad de competencias, además de asegurar que cada una de las competencias transferidas a las autoridades locales esté garantizada mediante unos recursos financieros adecuados, todo ello con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la situación financiera de las autoridades locales.
La delegada ha mostrado su preocupación por la incertidumbre en la que se encuentra inmerso el sistema tributario local, expuesto a una incertidumbre de considerable envergadura que está menoscabando su seguridad jurídica y compromete la equidad y eficiencia del sistema de financiación de las entidades locales.
“Estamos asistiendo al desmantelamiento jurisprudencial del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalías, al declararse por los tribunales que este tributo no se ajusta a lo recogido en la Constitución por ser un gravamen de un incremento de valor ficticio que no tiene base en la realidad del mercado,” ha advertido Hidalgo.
Estos reveses judiciales, a su juicio, “están generando un caso fundado de responsabilidad del Estado legislador que puede alcanzar los 4.000 millones de euros en pérdidas en los municipios españoles y que en buena lógica deberían ser compensadas por la Administración del Estado. Concretamente, la cuantía total en litigio en Madrid supera los 650 millones de euros, de los que más de 450 millones ya están resueltos y de los que 201 millones hemos dejado de ingresar”.
Por último, la titular del Área de Hacienda y Personal ha defendido que, “además del nuevo marco normativo, todas las administraciones tributarias deben extremar su cooperación para compartir datos fiscales, mejorar y simplificar los procedimientos y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones con la mayor transparencia, celeridad y seguridad. Las nuevas tecnologías nos ofrecen un marco adecuado para ello y debemos optimizar su utilización en beneficio de todos”, ha asegurado la delegada.
