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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de 14 personas y han dado por desarticulado un grupo criminal que estafó medio millón de euros a 36 pensionistas de Madrid, a quienes sustraían sus datos de identidad cuando acudían a un estanco de Carabanchel a renovar el abono transporte.
La denominada Operación Pensiones, que se ha prolongado durante un año, se ha saldado con el arresto de 14 integrantes de la banda, además hay cuatro personas investigadas, y se han recuperado cinco vehículos que fueron adquiridos de forma fraudulenta.
El grupo criminal sustraía los datos de identidad de las personas mayores de 65 años que acudían a tramitar el abono transporte a un estanco del distrito de Carabanchel y empleaba supuestamente los datos sustraídos para pedir créditos y comprar vehículos, teléfonos móviles y equipos informáticos a su nombre.
Los 18 investigados en este operativo, que se ha desarrollado en dos fases, están acusados de la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. En total, este grupo ha cometido estafas por un perjuicio total de 496.898,50 euros, y gracias a la investigación realizada desde la Comisaría Provincial de Toledo, se ha evitado que consumasen varias operaciones que les habrían proporcionado un beneficio ilícito de 72.515 euros más.
Los primeros indicios de la presencia de esta banda se detectaron en la ciudad de Toledo, cuando dos de sus miembros acudieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social y, utilizando documentación falsificada, trataron de que obtener unos certificados que acreditasen que varias personas ajenas a ellos percibían una pensión.
El rastro de la documentación permitió relacionar estos hechos con un estanco del distrito madrileño de Carabanchel –lugar de residencia de las víctimas– donde todas ellas habían acudido semanas o días antes para realizar los trámites de solicitud del abono transporte de la Comunidad de Madrid, pese a que dicha actividad no está permitida a este tipo de establecimientos desde el año 2018.
Modus operandi
También se pudo localizar a la primera víctima, un varón de 65 años al que una entidad financiera le reclamaba las cuotas de un crédito que al parecer se solicitó para la compra de un vehículo. La banda aprovechaba la confianza de los clientes que acudían al estanco para tramitar el abono transporte y el propietario del establecimiento seleccionaba a las futuras víctimas, todas ellas mayores de 65 años, y fotocopiaba su documentación.
Un segundo implicado recibía la documentación y se la hacía llegar al resto de integrantes del grupo criminal, quienes se encargaban de falsificar los documentos necesarios para acudir a diferentes organismos públicos con el objeto de obtener justificantes de ingresos de las víctimas con los que después solicitaban créditos a diferentes entidades financieras.
Esta primera fase permitió detener a siete personas e identificar 24 víctimas a las que habían causado un perjuicio de 265.309 euros. El registro realizado en el estanco desveló que este grupo criminal tenía en su poder copias fraudulentas de la documentación de más de un centenar de personas, por lo que la investigación entró en una nueva fase que permitió la detención de otras siete personas, además de implicar a cuatro investigados más por su presunta participación en la trama.
También se pudo localizar a más víctimas estafadas, que tras esta fase ascendían ya a 36 y no se descarta que se incrementen o que se produzcan más detenciones
