4 marzo, 2021

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro canal en Telegram >> enlace

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que es “muy pronto” para tomar decisiones sobre Semana Santa, aunque ha destacado que los cierres perimetrales desde noviembre «no han impedido una tercera ola»

Así lo ha indicado durante su intervención, este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. «Consideramos que es muy pronto para tomar decisiones sobre Semana Santa. Serán las autoridades sanitarias las que decidan cómo tenemos que caminar y para eso quedan todavía 15 días por delante», ha subrayado.

«Nosotros consideramos que, hasta la fecha, con los toques de queda y sin cerrar la Comunidad de Madrid la situación está yendo bien y, además, no veo improcedente que un ciudadano de otro rincón de España venga a su capital a un museo, a consumir en una tienda o a mover la economía si lo hace respetando las normas sanitarias que hemos puesto entre todos», ha expuesto la presidenta madrileña.

Es más, ha incidido, «las comunidades autónomas que han estado cerradas estos meses han tenido peores datos de contagios y España lleva con cierres de estas características desde noviembre y no han impedido una tercera ola. Por tanto, pido respeto para esas decisiones porque la economía es clave».

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro canal en Telegram >> enlace

La Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva convocatoria de evaluación y acreditación de las competencias profesionales con el fin de mejorar la empleabilidad de aquellas personas que, contando con experiencia, carecen de títulos o certificados que lo acrediten. Este procedimiento, que cuenta con 2.850 plazas para un total de 15 cualificaciones, permitirá a estos profesionales la obtención de un título oficial con reconocimiento en el ámbito europeo.

Con ello, el Gobierno regional pretende impulsar aquellos sectores económicos que requieren de una cualificación profesional acreditada para el ejercicio de su actividad, y que se han visto especialmente afectados además por la crisis del coronavirus. En este sentido, el Gobierno regional trabaja en nuevos modelos más ágiles, que permitan dar respuesta al mayor número posible de madrileños.

En este proceso, la Comunidad de Madrid ha publicado un nuevo procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación relativas a cinco familias profesionales.

La mayoría de ellas pertenecen a la rama de actividades físicas y deportivas, con 1.750 plazas en los siguientes ámbitos: operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas; acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente; acondicionamiento físico en grupo con soporte musical; actividades de natación; animación físico-deportiva y recreativa; animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad; fitness acuático e hidrocinesia; e instrucción en yoga.

Este procedimiento permite obtener un certificado de profesionalidad para que, en caso de continuar con la formación, se puedan convalidar los módulos necesarios para obtener el título de Formación Profesional. La actuación está enmarcada en el Plan Nacional de Modernización de la Formación Profesional (FP).

Desde 2016, en la Comunidad de Madrid se han realizado nueve convocatorias de procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales para 20 cualificaciones profesionales. En ellas han participado más de 14.500 personas en las familias de montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas; transporte sanitario; atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes; gestión de llamadas de teleasistencia; información juvenil; y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, entre otras.

La información se puede consultar en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid a través de este enlace .

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro canal en Telegram >> enlace

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial por el que solicitaba tres años y tres meses de prisión.

El Ministerio Público, que incluye en su recurso una petición para la anulación de la sentencia y la repetición del juicio, esgrime que “todo acto tiene una razón de ser” y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien “impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento”.

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada “adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica” puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera “incongruente” y “contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio”.

De ahí que solicite tanto la anulación del fallo “ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio” como la devolución de las actuaciones “al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala”.

El recurso alude a que en la sentencia se infringe la tutela judicial efectiva tanto en su motivación sobre la participación de la acusada como en las conclusiones para absolverla. Y es que la Fiscalía entiende que hay indicios “de notorio sentido incriminatorio” que han sido obviados, “siquiera para descartarlos” por la Sala y que, además, son “ciertos”.

Se refiere, por ejemplo, a la solicitud directa que Cristina Cifuentes hizo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de la documentación acreditativa de haber cursado el Máster. Cita también otros indicios no valorados como el hecho de que la ex presidenta madrileña fuera la “única o principal” beneficiada de la falsedad de un documento que necesitaba “imperiosamente” para dar una respuesta a los medios y evitar así “las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. Esta circunstancia, para la Fiscalía, “ya supone un indicio incriminatorio”.

El recurso, asimismo, subraya que la sentencia omite “todo” razonamiento sobre determinadas pruebas practicadas en el juicio “y que suponen indicios no descartables de participación”. Así, afirma que existen “datos objetivos” de que había una relación entre Amalia Calonge, María Teresa Feito y Cristina Cifuentes. Esta circunstancia, según la Fiscalía, llevó a la primera de ellas en 2014 y a la segunda en 2018, a actuar de lo forma en que lo hicieron porque así se lo pidió la ex presidenta madrileña “siendo ésta, una vez más la única beneficiaria de tales irregularidades”.

Otro indicio no valorado por la Sala hace referencia al interés de la acusada en obtener la documentación de una titulación “a sabiendas” de que era irregular. En este sentido la Fiscalía recuerda que no ha responsabilizado ni pedido la condena del “entorno” de Cifuentes. “¿Cómo hacerlo sin poder individualizar cada comportamiento?”, se pregunta. Sin embargo, “el hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes”.

Sobre la no valoración de los indicios relativos al “exhaustivo” conocimiento que tenía Feito sobre los datos docentes de la ex presidenta madrileña, la Fiscalía recalca que la fecha del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) “no es cuestión baladí”. De hecho, fue en una reunión “informal” celebrada el 21 de marzo de 2018 cuando Feito dijo que la defensa del TFM había sido el 2 de julio de 2012.

“A la vista de la importancia de la fecha -añade la Fiscalía-, el vicerrector Andrés Martínez le preguntó que cómo conocía dicho dato y esta replicó que se lo había comunicado Presidencia. Si dicha fecha fue proporcionada por la acusada María Teresa Feito, sería lógico inferir que le fue suministrada bien por la propia Cristina Cifuentes o bien por su secretaria, a petición de aquélla. Una vez más, basta con la lógica”.

El recurso destaca que la sentencia sí tiene en cuenta todas las gestiones y la “intervención activa” que tuvo María Teresa Feito el día 21 de marzo y que sirvieron a la Sala para condenarla como inductora de la falsedad. Ahora bien, asegura que el fallo absolutorio de Cristina Cifuentes “no entra a analizar el porqué de esta conducta” cuando dicho análisis era “necesario” dada la acusación dirigida contra la ex presidenta madrileña. Tras su afirmación, el Ministerio Público se hace dos preguntas: “¿Es tan siquiera posible plantear que la acusada María Teresa Feito actuó por su cuenta, implicándose tanto?”, “¿Cuál es su beneficio en comparación con el obtenido por la Sra. Cifuentes?”. A ambas cuestiones responde que es “difícil” una explicación alternativa “que no sea que el influjo para actuar de ésta fue tan intenso que la llevó a cometer un delito”.

Como último aspecto no valorado, en su opinión, por la Sala  menciona el vídeo que se grabó la ex presidenta madrileña y que colgó en su cuenta de Twitter el mismo 21 de marzo donde exhibía toda la documentación que justificaba la regularidad en la obtención de su Máster. La Fiscalía parte de la idea de que Cifuentes pretendió obtener la documentación “de un hecho que no tuvo lugar” y de que el único cauce posible “era confeccionar aquello que fuere necesario para crear la apariencia de la regularidad, y ello supone falsear”.

En este apartado el recurso recoge que fue la propia Cifuentes quien exhibió un documento como prueba “más que evidente” de que el día 2 de julio de 2012 el Tribunal compuesto por Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Suoto calificaron su defensa pública con un notable. Sin embargo, la Fiscalía replica que tal afirmación “no se correspondía con la realidad” puesto que dicho tribunal nunca se reunió como “así lo manifestaron las tres profesoras cuyo nombre consta en el acta”.