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La Comunidad de Madrid colabora activamente con la labor social y de integración que realizan distintas entidades sociales, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), mediante la cesión del uso de viviendas de titularidad de la Agencia de Vivienda Social, para proporcionar alojamiento a las personas con las que trabajan y realizan sus distintos programas.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y Francisco Soler, responsable del área de Vivienda de Cáritas Madrid y patrono de la Fundación Constructora Benéfica, han renovado hoy el convenio por el que la Comunidad de Madrid cede 172 viviendas a dicha organización para el Programa Social de Vivienda Integradora, y en especial para atender a familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucios por impagos de alquiler.
Estos pisos facilitan alojamiento a las familias seleccionadas por Cáritas Madrid, procedentes en su mayor parte de procesos de ejecución hipotecaria, de tal modo que puedan estar acompañados por los trabajadores sociales y voluntarios durante el proceso de cambio social que supone pasar de una situación de exclusión residencial a poder disfrutar de una vivienda.
Este importante número de viviendas cedidas y la duración del proyecto, que encara ya su octavo año, está permitiendo que desde Cáritas Madrid se realice un enorme trabajo de acompañamiento social, donde se presta asistencia a las familias, no solo desde el punto de vista preventivo y paliativo, sino atendiendo aquellas otras situaciones de necesidad por pérdida de la vivienda habitual, embargo hipotecario, la imposibilidad de acceder a vivienda que no sea protegida, o residir en infraviviendas, entre otras circunstancias.
El perfil de las familias que acceden a estas viviendas y con las que se ha trabajado para su integración, son de estructura monoparental en un 45%, seguido inmediatamente por la tradicional familiar nuclear, en un 44%, y unipersonal en un 11%. En cuanto a su procedencia o país de origen, el 46,59% de los titulares son españoles, siendo los países de origen más representativos España, Marruecos y Ecuador.
En cuanto a los ingresos, el 41% de las familias dispone de ingresos económicos procedentes de rentas del trabajo y el 27% de las familias han tenido como ingreso principal la Renta Mínima de Inserción RMI.
Gran parte de las familias que en 2012 empezaron a formar parte del proyecto han salido del mismo al haber mejorado su situación económica y han podido acceder al mercado libre o a una vivienda protegida, mientras que otras continúan en las viviendas asignadas, ya que su situación socioeconómica hace que sigan necesitando el apoyo tanto de Caritas Madrid como de la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de actuación marcado por el presente proyecto.
“Ambas partes mostramos nuestra satisfacción por este ejemplo de colaboración, que con éxito viene realizándose desde el año 2012, y que pone de manifiesto el compromiso tanto de la Comunidad de Madrid como de Cáritas Madrid con aquellos colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social mediante el recurso del acceso a la vivienda, que con motivo de la pandemia que estamos viviendo ha demostrado ser esencial”, ha señalado Pérez.
319 viviendas concedidas a más de 65 organizaciones
La Agencia AVS cuenta con un parque de más de 23.200 viviendas, 319 de ellas concedidas a más de 65 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la región, destinadas fundamentalmente a la atención a mujeres que ejercen la prostitución; situaciones de alto riesgo; prevención social y sanitaria; ayuda a las personas con trastornos límite de la personalidad y sus familias; personas que han terminado su proceso de rehabilitación y no tienen solvencia económica, y personas con discapacidad o en situación de precariedad, entre otras causas.
Además, desde la Consejería de Vivienda y Administración Local se han facilitado 239 locales a diferentes asociaciones y ONG en los edificios que son titularidad de la AVS. Los locales cuentan con una superficie que abarca desde los 18 hasta los 1.200 metros cuadrados, con un alquiler medio de 120 euros.
Tanto los locales como las viviendas son prorrogados por anualidades en la mayoría de los casos, y en otros, renovados de manera bianual. Los ingresos obtenidos de estas rentas de alquiler son destinados a la adquisición de más vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.
