Madrid retrasa una hora el inicio de su toque de queda nocturno

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El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo ha aprobado un nuevo Estado de Alarma en todo el país con el fin de limitar la expansión descontrolada del coronavirus y que se prolongará durante los próximos 6 meses, hasta el 9 de mayo, si el Congreso lo aprueba.

El Estado de Alarma aprobado decreta un toque de queda de obligatoria implantación para todo el país desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sin embargo los presidentes autonómicos, autoridad competente encargada de aplicar dicho Estado de Alarma, podrán retrasar o adelantar el inicio y el fin del toque de queda nocturno una hora máximo (su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 05:00 y las 07:00 horas), pero no suprimirlo.

En el caso de la Comunidad de Madrid se ha decidido retrasar su inicio lo máximo, siendo el horario definitivo de 12 de la noche a 6 de la mañana. Según ha indicado la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha decidido hacerlo así porque «es el horario más adecuado» debido a «la distancia» existente entre diferentes puntos de la región, ya que un inicio a las 11 podría provocar que algunos madrileños «quedasen colgados». Además, desde el Gobierno regional «queremos que sea el horario más breve posible».

En este periodo de toque de queda nocturno solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio. El período de implantación de dicho confinamiento nocturno será obligatorio en 15 días.

Posteriormente tras esos 15 días (9 de noviembre) el Gobierno deberá someter a votación en el Congreso su prórroga. A partir de entonces, y si se aprueba dicha prórroga, las comunidades autónomas podrán levantar este toque de queda nocturno, siempre que la evolución de la situación epidemiológica en el territorio correspondiente sea positiva y lo permita. Es decir, después del 9 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá la potestad de decidir sobre este asunto.