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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este domingo un homenaje a las víctimas del COVID-19 y, especialmente, a las que fallecieron y posteriormente no han sido reclamadas por sus familiares. Precisamente, el pasado mes de julio, el Gobierno regional se encargó de la inhumación de 59 personas fallecidas que se encontraban en el Instituto de Medicina Legal, uno de los depósitos provisiones que puso en marcha el Ejecutivo madrileño durante la primera ola de pandemia.
Junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y sin invitar a la oposición (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox), la presidenta madrileña ha descubierto una placa en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y ha depositado una corona de laurel. Su texto reza “El pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas del COVID-19 y en especial a aquellas que fallecieron en soledad”.
Con todo el equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha guardado un minuto de silencio y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha interpretado Lascia ch’io pianga, de la ópera Rinaldo de Haendel.
La ceremonia, desarrollada en la fachada principal de la Real Casa de Correos, ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital; el vicepresidente, consejero de Transparencia y Deportes y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; y el resto del Consejo de Ejecutivo autonómico.
El pasado mes de julio, más de medio centenar de fallecidos por coronavirus fueron inhumados por el Gobierno regional al no haber sido reclamados por sus familiares y fueron posteriormente enterrados en el cementerio municipal Sur, en Carabanchel. Hoy, en la emblemática Puerta del Sol, se ha podido ver las flores que se colocarán en sus nichos.
Estos madrileños perecieron con síntomas compatibles con el virus y padecieron la doble soledad de esta enfermedad: fallecieron solos en cumplimiento del protocolo fijado por la autoridad sanitaria, que impedía la presencia de familiares para evitar contagios y la propagación del virus, y pasados los meses, no fueron reclamados por ningún familiar.
Ante esta situación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, decidió en julio inhumar los cuerpos, que permanecían alojados en el Instituto de Medicina Legal, uno de los depósitos provisionales de cadáveres que el Ejecutivo regional tuvo que poner en marcha en la primera ola de la pandemia.
Fueron los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias los encargados de retirar los cuerpos de estos fallecidos de hospitales y residencias de la región, velando los restos en todo momento para darles la máxima dignidad en medio de la tragedia.
Traslado de los fallecidos
El Instituto de Medicina Legal fue una de las tres infraestructuras provisionales que, durante la pandemia del COVID-19, la Comunidad de Madrid puso a disposición de la autoridad sanitaria para trasladar víctimas de la enfermedad. En total, se trasladaron 1.897 cuerpos. Al Palacio de Hielo de Madrid llegaron 1.146 fallecidos, 162 fueron acogidos en el Palacio de Hielo de Majadahonda, y el resto, es decir, 589, fueron enviados al Instituto de Medicina Legal.
Para que estos traslados se pudieran llevar a cabo con todas las garantías legales, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Salud Pública, el 26 de marzo, tuvo que aprobar una Resolución que dio permiso expreso a las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la retirada de cadáveres “desde el hospital o lugar de fallecimiento hasta el depósito o instalación funeraria designada, cumpliendo con los protocolos de seguridad y manejo (…) establecidos con motivo de la pandemia”, según recogía la norma.
