No es la primera vez que esta polémica actuación urbanística se ve ante la Justicia. En 2017, el Tribunal Supremo anuló la Operación Chamartín -aprobada en 2011 siendo alcalde Alberto Ruíz-Gallardón (PP)– y que previamente había sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en 2015.

Tras aquella anulación, el Ayuntamiento de Madrid volvió a tramitar un nuevo proyecto que se prolongó durante tres legislaturas. Siendo alcaldesa Ana Botella (PP) el Consistorio estuvo a punto de aprobar el plan parcial presentado por Distrito Castellana Norte.

A la llegada de Manuel Carmena (Ahora Madrid), se paralizó la tramitación del plan parcial y se inició una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el PGOUM. Finalmente, fue el Gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida (PP) el que, el pasado 29 de mayo aprobó provisionalmente la Modificación Puntual del PGOUM en los ámbitos de planeamiento APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” y APE 05.27 “Colonia Campamento” para la definición de las determinaciones y parámetros de ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”. Posteriormente, la Comunidad de Madrid,a través del Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la aprobaría definitivamente el 22 de julio.

Ocho días después, la FRAVM y Ecologistas en Acción interpusieron un recurso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva ante el TSJM. Ahora un decreto de este Tribunal, de fecha 3 de septiembre admite a trámite el recurso presentado, al tiempo que ha solicitado el expediente completo a la Comunidad de Madrid.

El objetivo de Ecologistas en Acción y FRAVM es «lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado» porque entienden que es «innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias. Todo ello para beneficiar el interés privado».

Madrid Nuevo Norte supone la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo al norte de la ciudad de Madrid, una superficie que equivale a tres veces el parque de El Retiro. Este ámbito está atravesado de norte a sur por la red ferroviaria. Aunque el 80 % del suelo es de titularidad pública (Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II y Empresa Municipal de Transportes), «el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José», denuncian.

Sobre este ámbito está prevista la construcción, entre el Nudo Norte y la estación de Chamartín, de 22 torres de similares dimensiones a las cuatro existentes en la Plaza de Castilla. Todas para uso de oficinas y comercial. Al norte de la M-30 se localizan la mayoría de las 10.700 viviendas previstas.

Critican que «la operación no contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección (VPPL y VPPB) están por debajo del mínimo contemplado, tanto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como en la Ley de Suelo estatal. El proyecto destina a este tipo de vivienda el 20% de la edificabilidad residencial, mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30% en suelos urbanizables».

Una cuestión clave en el proyecto, a juicio de ambos colectivos, es «la losa de hormigón de 20 hectáreas (superficie equivalente a 20 campos de fútbol) que se pretende construir sobre las vías de tren, junto a la estación de Chamartín, para ubicar las zonas verdes. Este tipo de espacios debe crecer sobre el suelo natural, nunca sobre una losa de hormigón».

Sin embargo, inciden, «el colocar las zonas verdes de cesión en una losa permite a DCN construir más sobre el suelo natural. Es decir, una vez más se antepone el interés privado del BBVA sobre la calidad de vida de las personas». Estos motivos son a su juicio «lo suficientemente graves» como para que Ecologistas en Acción y la FRAVM hayan tomado la decisión de recurrir el proyecto al TSJM.