Son palabras de Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), después conocer, esta misma mañana, la decisión del Gobierno autonómico de no agotar la última vía, la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y hacer suya la valoración de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), entidad federada a la que siempre ha apoyado de manera muy activa.

Al desechar la opción del recurso de amparo, la Comunidad de Madrid está obligada a asumir el resultado de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Tribunal Supremo, que dan la razón a una familia de Navalcarnero, la de Rachid Bouikou, y declaran nula la operación de enajenación de viviendas de protección pública que tuvo lugar en 2013.

Es decir, está obligada a iniciar la recuperación de los 2.935 pisos de 32 promociones del IVIMA que Ignacio González vendió entonces al fondo buitre Goldman Sachs y a restituir los derechos de sus legales adjudicatarias como familias beneficiarias de vivienda pública.

“Esperemos que esta vez el Gobierno regional abandone su estrategia de dilatar hasta el infinito la recuperación de un patrimonio que nunca debió vender y, por fin, defienda el interés de los hogares afectados, protegiéndoles y ayudándoles, especialmente en estos momentos tan difíciles”, sostiene Villalobos, antes de subrayar que la actual crisis económica derivada del COVID-19 «se está cebando con muchas de las familias damnificadas por la operación de venta, que en estos momentos tienen que hacer esfuerzos enormes para poder pagar el alquiler a Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que gestiona sus pisos».

Ya el pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y este fondo buitre contra una sentencia del TSJM que atiende una reclamación de Rachid Bouikou al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”.

La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo, y el 13 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió otra sentencia rechazando el recurso y volviendo a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, por un precio muy inferior al del mercado, de los citados 2.935 pisos de protección oficial.

Por este motivo, la FRAVM y AVVI han solicitado en diversas ocasiones a la Comunidad de Madrid que «asuma el fallo del alto tribunal y se siente de una vez por todas con las familias afectadas a negociar la restitución de sus derechos como moradoras de vivienda pública, un extremo que ya no puede demorarse más».