CCOO denuncia el «deterioro y privatización» del servicio en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Madrid

Gacetín Madrid

CCOO ha denunciado el «deterioro y privatización» del servicio en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Madrid. Según han expuesto, esto ocurre «desde la constitución del nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid», ocasionados por «la dejadez y el abandono que sufren los ciudadanos y ciudadanas en el servicio que se presta en las Oficinas de Atención presencial de cada distrito, con demoras en las agendas, demoras de más de media hora para ser atendido».

Esta situación, añaden, «viene provocado por la falta de recursos humanos, la falta de medios telemáticos para prestar el servicio de Registro de forma adecuada y la falta de previsión ante la demanda ciudadana para cumplir los plazos que marca la Administración para algunos trámites».

En esta línea, CCOO ha denunciado que «desde del día 5 de febrero se ha dejado de prestar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid (OAC) el servicio de acreditación para la obtención de la firma electrónica, un servicio que se lleva prestando 20 años por funcionarios y funcionarias y que resulta, ahora más que nunca, esencial para la relación de la ciudadanía con la Administración».

«Se ha informado a la plantilla de que no se renueva el convenio que el Ayuntamiento tenía con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), y de la misma manera que para la ciudadanía, el servicio de acreditación de firma electrónica para la plantilla municipal, realizado hasta ahora por los propios funcionarios y funcionarias habilitadas, va a ser realizado por una empresa privada», han indicado.

CCOO se ha preguntado «qué pretende la Corporación municipal. Es evidente que mejorar el servicio a la ciudadanía no está dentro de sus prioridades, justo lo contrario de lo que hace en favor de los intereses y beneficios empresariales. Parece que se apuesta por desmantelar y deteriorar poco a poco el servicio que se presta en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía para, de esta manera, poder justificar su privatización».

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