- El juicio da comienzo este miércoles, 15 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.
- La Fiscalía pide multas de hasta 75.000 euros para 133 controladores aéreos por un delito de abandono de servicio público.
- La huelga de controladores en 2010 llevó al cierre del espacio aéreo durante alrededor de 20 horas y afectó a más de 600.000 pasajeros.
- De los 133 controladores acusados la gran mayoría, 119, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía que supone reducciones en las multas y una suspensión de empleo temporal.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita una multa que, según los casos, oscila entre los alrededor de 75.000 y los 60.000 euros para un grupo de 133 controladores aéreos a quienes imputa un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010, los que llevó al cierre del espacio aéreo durante alrededor de 20 horas y afectó a más de 600.000 pasajeros.
Este hecho supuso la activación por primera y única vez del estado de alarma en España. Se recuerda incluso la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan para la comunidad “como es el transporte aéreo”.
También reclama el representante del Ministerio Público para los acusados una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación “en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad”. De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público AENA.
El escrito de acusación recuerda que “a consecuencia del abandono colectivo” de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.
“Dichas cancelaciones –añade la Fiscalía- produjeron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”.
De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron “no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC de Madrid”.
Sólo dieciséis controladores
Según la Fiscalía, entre las 17:00 horas y las 17:15 horas del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, “en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”, presentó ante el responsable de la sala un documento “escrito de su puño y letra” en el que cada uno “a su manera” alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. En la práctica, la dirección de AENA estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador.
El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de AENA a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.
Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.
El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores “con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal” alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.
Situación «límite» a AENA
Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación “límite” en que ponían a AENA “y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno”.
Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del Sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con AENA para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.+
De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo y deje para el resto una indemnización de 60.000 euros.
Acuerdo previo al juicio
Del total de 133 controladores aéreos acusados del delito de abandono de servicio público, un total de 119, la gran mayoría, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía.
Este acuerdo supone una reducción de la multa de hasta 21.000 euros por la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y la suspensión de empleo de cinco meses. Sin embargo, el acuerdo no varía la calificación jurídica de los hechos.
Por tanto, está previsto que tan solo un pequeño grupo de los acusados, los miembros de la ejecutiva de USCA, sean los que finalmente se sienten en el banquillo en Madrid.
