La Comunidad de Madrid va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid las presuntas okupaciones por parte de mafias de un total de 59 viviendas públicas ubicadas en la capital y en otros diez municipios de la región.
El Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe, elaborado de forma conjunta por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y por la de Vivienda y Administración Local, en el que se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser considerados delito, y que están resultando lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid, en concreto, para el patrimonio público que gestiona la Agencia de Vivienda Social.
Además de Madrid capital, donde se han detectado 16 viviendas usurpadas por estos grupos, los demás municipios afectados son: Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada del Campo, Coslada y Móstoles.
Organizaciones criminales
La Comunidad de Madrid cree que estas organizaciones criminales, además de haber ocupado ilegalmente estos inmuebles, estarían subarrendando las viviendas e incluso vendiendo a otras personas en situación de especial necesidad.
Igualmente, a través de estos pisos, se estarían llevando a cabo delitos y negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis, depósitos de artículos robados y talleres de despiece de vehículos, entre otros.
Se trata de un grave problema que está alterando la convivencia vecinal en determinadas localidades y distritos de la capital, lo que ha generado un clima de inseguridad en los barrios afectados.
Como ha explicado el Ejecutivo regional, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 570).
Asimismo, si se concluye que en estas viviendas se están llevando a cabo otras actividades delictivas contra la salud pública por tráfico o cultivo de drogas, favoreciendo así su consumo, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
Coordinación entre administraciones
La Comunidad de Madrid, además de esta denuncia ante la Fiscalía, ha instado a la Delegación del Gobierno a reforzar la seguridad en los barrios y distritos afectados por este problema de orden público, ya que considera que la sensación de inseguridad favorece la ocupación de inmuebles.
El Gobierno regional se marcó como prioridad al inicio de la presente legislatura hacer frente a esta práctica y, por ello, constituyó el pasado mes de octubre una mesa de trabajo coordinada por la Consejería de Presidencia, de la que también forma parte el Ayuntamiento de Madrid, a través de las áreas de Seguridad y Emergencias, Obras y Equipamiento y Vivienda.
La intención del Ejecutivo autonómico es buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas. El objetivo es conseguir una mayor seguridad jurídica y arbitrar nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas.
Así, el Gobierno se reunió a finales de octubre con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, para impulsar la coordinación entre la Administración autonómica y la justicia madrileña en los casos de ocupación ilegal de inmuebles.
Información a ayuntamientos y formación a policías
También se ha enviado recientemente a todos los ayuntamientos de la región un protocolo de actuación ante la okupación de viviendas, en el que figuran seis puntos para minimizar estos efectos, y poder proceder así al desalojo de los inmuebles con la mayor rapidez posible.
En el documento se insta a promover la cooperación con las Autoridades Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de cada municipio.
Desde el Ejecutivo regional también se recomienda en la misiva blindar los accesos de aquellos inmuebles, susceptibles de ser okupados, con elementos como chapas en las puertas y ventanas o la instalación de puertas antivandálicas.
Por último, la Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha cursos de formación jurídica y operativa ante casos de okupación de inmuebles dirigidos a policías locales de la región. Están programados para el primer semestre de 2020 y se impartirán a través del Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE).
