La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años y seis meses de prisión para J. V. L., un agente perteneciente a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que acabó con la vida de un atracador al tratar de realizar un disparo intimidatorio y pensar que su arma reglamentaria estaba cargada con un cartucho de fogueo.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave y reclama a la Administración General del Estado el pago de 103.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria para los familiares del fallecido.
El escrito de acusación señala que sobre las 05:00 horas del 21 diciembre de 2018 J. V. L. acudió junto con un compañero a una peluquería de la calle Diego de León, en el distrito madrileño de Salamanca, donde fueron advertidos de que se estaba cometiendo un delito de robo con violencia al intentar los asaltantes robar un cajero de bitcoins.
Cuando ambos agentes se dirigían al lugar de los hechos a bordo de un furgón policial, el acusado sacó del bolsillo de su pantalón dos cartuchos “pensando que mete primero el cartucho de posta y luego el de salva que es el que se utiliza con fines intimidatorios y que es de fogueo”, es decir, en orden inverso a la salida del arma.
Al llegar al establecimiento J. V. L. observó un vehículo Volkswagen Golf que circulaba con una puerta abierta y a escasa velocidad y que tuvo que ser esquivado por el furgón policial. Su acompañante, casi al mismo tiempo, se percató de que otro vehículo aceleraba y les esquivaba.
Tras dar media vuelta al furgón policial para seguir a ambos vehículos el acusado se apeó con su arma cargada y descubrió que había una persona en el suelo detrás del Golf, que resultó ser un atracador, y que posteriormente se subió al coche
Al estar convencido de que había cargado “correctamente” el arma y con intención de intimidar, el acusado disparó su escopeta dirigiendo el disparo hacia el vehículo Golf” al pensar que actuaba con munición de fogueo.
J. V. L. notó el retroceso del arma y que la luna trasera del vehículo había estallado, “momento en el que se da cuenta de que había cargado mal el arma, invirtiendo el orden de las municiones, disparando por equivocación el cartucho de posta”. El disparo acertó en la persona de J. M. R. G., de 34 años y nacionalidad española, “que logró huir en el vehículo indicado al que siguieron los indicativos que había en la zona, perdiéndolo de vista”.
Los ladrones llevaron al compañero herido al Hospital Virgen de la Torre, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, donde le dejaron abandonado a las puertas del centro hospitalario, y huyeron a gran velocidad. Finalmente, el atracador falleció a consecuencia del disparo que le causó 9 orificios de entrada de proyectiles en la parte posterior del cuerpo y solo uno de salida. Uno de los proyectiles le perforó la pared posterior de la laringe en donde quedó alojado.
Otro perforó los lóbulos inferior y superior del pulmón izquierdo ocasionando un hemotórax izquierdo de más de un litro que penetra en la cavidad torácica por el orificio 2, un 3 proyectil que queda retenido en la parte anterior izquierda de los cuerpos vertebrarles a nivel t 4, t 5, otro que salió y 4 más que se quedan retenidos en el cadáver.
La muerte, sin embargo, no se produjo de forma inmediata tras el disparo, “sino que el carácter vital de los infiltrados hemorrágicos encontrados, así como el derrame pericárdico y la naturaleza de las lesiones, perforación pulmonar que ocasiona hemotórax, indica que hubo un periodo de supervivencia de 30 minutos antes de la muerte”.
La escopeta Franchi se encontraba en buen estado de conservación exterior y se trataba de un arma de dotación colectiva de la Policía Nacional española propiedad de dicho cuerpo. Su funcionamiento tanto mecánico en vacío como el operativo, es correcto. Según el Reglamento de Armas RD 137/93 de 29 de enero, clasifica a la escopeta en su artículo 3, es necesario Licencia y guía de pertenencia del arma.
2 comentarios
Es urgente y necesario modificar toda la basura de leyes penales progres que protegen y amparan a los delincuentes y criminales, mientras maltratan y persiguen a los ciudadanos de bien.
Realmente nos encontramos ante un supino escándalo, que repugna profundamente a toda persona decente, donde a un criminal que fallece mientras delinquía con violencia se le tenga que indemnizar y, al probo y valiente funcionario policial, esté pasando por este calvario por haber cumplido sobresalientemente con su deber.
Con estas bastardas leyes penales, a la medida de la casposa, bananera y radical izquierda ultramontana que padecemos, al ciudadano legal se le persigue y condena, mientras al violento criminal se le protege y premia. Es completa y profundamente injusta esta dictadura progre que nos aliena y maltrata, la cual revierte los más básicos valores de la sociedad.
Basta ya de la dictadura criminal progre que nos persigue, ahoga y maltrata permanente. La izquierda está creando un infierno donde los criminales, golpistas de su cuerda, ladrones y estafadores campan por sus respetos. Hay que cambiar ya está terrible situación bananera que sufrimos.
Absolución inmediata y reconocimiento al servicio realizado por el agente J.V.L. a la sociedad que sirve. Ánimo, no todos los ciudadanos somos tan canallas y descerebrados como los casposos radicales de izquierda.
Porque van armados nuestros policías si no pueden usar sus armas? les damos un pito que no hieren ni matan, pero eso sí les tomarán por el pito del sereno.
Lamentable que una autoridad sea juzgado por cumplir con su trabajo y premiamos a los delincuentes o sus familias por cometer fechorías y delinquir.
Basta ya de leyes proteccionistas de delincuentes que coartan a la policía a realizar su trabajo.