La Comunidad de Madrid tiene previsto garantizar la accesibilidad universal en las sedes judiciales que se van a poner en funcionamiento próximamente, de manera que los edificios garanticen un entorno plenamente accesible, tanto para los ciudadanos que acuden a los juzgados como para los profesionales que desarrollan en ellos su trabajo, con independencia de que tengan una discapacidad física, psíquica o sensorial.
Para ello, el Gobierno regional está trabajando en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que las nuevas sedes judiciales de la región tengan asegurada esa accesibilidad universal al máximo.
La Comunidad de Madrid tiene en marcha una hoja de ruta hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes judiciales, con una inversión prevista de 90 millones de euros. Este plan tiene el visto bueno de la Mesa del Pacto para la Mejora de la Justicia, en la que participan todos los operadores jurídicos con presencia en la región, así como los grupos parlamentarios de la Asamblea y los sindicatos con representación en Justicia.
El núcleo civil, pionero
El primer ejemplo de esta colaboración con CERMI va a ser el nuevo edificio judicial que se incorpora al núcleo civil que se pondrá en marcha, próximamente, en el distrito madrileño de Tetuán, en el entorno de los juzgados de Primera Instancia de la calle Poeta Joan Maragall. Esta sede, en la calle Rosario Pino, va a agrupar 36 juzgados de Primera Instancia en una superficie de 9.600 metros cuadrados, distribuidos en 11 plantas.
En esta línea de garantizar la accesibilidad universal, un total de 21 sedes judiciales de la región ya disponen de 67 bucles magnéticos portátiles, que se irán extendiendo a otros edificios judiciales. Así, por ejemplo, todas las salas de vistas del nuevo edificio de Rosario Pino 5 contarán desde el principio con estos dispositivos. Los bucles magnéticos son un apoyo para las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o implante coclear.
Además de las actuaciones que se están llevando a cabo en las nuevas sedes judiciales, la Comunidad de Madrid también está trabajando en la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos que puedan existir en los edificios judiciales que ya están en uso en la actualidad. Entre 2018 y 2019, está previsto acometer una inversión conjunta de 3,7 millones de euros con esta finalidad.
Estudio de accesibilidad
La Comunidad de Madrid ya cuenta con un estudio del estado de accesibilidad de las 70 sedes judiciales que existen en la región, que ha servido de base para planificar las actuaciones que desarrollan en este ámbito.
En el partido judicial de Madrid, ya se han hecho mejoras de accesibilidad en el complejo de juzgados de Plaza de Castilla – Poeta Joan Maragall, así como en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gran Vía (reforma de rampas exterior e interior, punto de información accesible, reformas en escaleras, ascensores y aseos) y en la sede del Registro Civil Único (licitación de las obras para la sustitución y adecuación de los ascensores principales).
En los partidos judiciales fuera de Madrid capital, se han hecho mejoras en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial (adaptación de aseos, punto de información accesible, ayudas técnicas en pasillos y escaleras, nueva señalización interior), en los de Coslada (rampa de acceso), en Aranjuez (rampa de acceso e instalación de un ascensor) y en los de Majadahonda (se va a reformar el ascensor de la sede de la calle Claveles).
Además de eliminar barreras físicas, también se trabaja para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan relacionarse con la Administración de Justicia sin limitaciones.
Así, en colaboración con Plena Inclusión Madrid y el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid va a elaborar materiales de acompañamiento y asesoramiento jurídico para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de toda la información de manera entendible.
Asimismo, incluirá programas formativos específicos dirigidos a los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia sobre la atención a este colectivo de personas, que tiene unas necesidades propias.
