El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha culminado esta semana el proceso de extinción de la empresa pública Gedesma «con el objetivo de impulsar la austeridad y optimizar el gasto público».
El pasado jueves el consejero en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, firmó ante notario la extinción de Gedesma. El Gobierno regional apuesta por «la reducción del gasto público con esta eliminación, cuyo trabajo se puede realizar en la propia administración, produciendo un importante ahorro tanto del alquiler de edificios como en los nombramientos de altos cargos».
En el año 2016 se encargó un informe a la auditoría Ernest&Young que ponía de manifiesto la inviabilidad económica de la empresa y, además, aclaraba que Gedesma presentaba un fondo de maniobra negativo y una situación de pérdidas en los dos últimos ejercicios.
La Junta General de Accionistas de la empresa pública está constituida por el Consejo de Gobierno, al pertenecer el 100 % del capital social de la empresa al accionista único Comunidad de Madrid. Su objetivo era la elaboración, desarrollo y ejecución de planes estratégicos, proyectos, obras y programas de actuación relacionados con el medio ambiente y la gestión de residuos, que se estimen necesarios para el interés público en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, encaminados a la conservación y mejora del medio ambiente.
Durante el tiempo de actuación de GEDESMA, destaca el trabajo realizado en la construcción y puesta en marcha de las Plantas de Tratamiento de Residuos, la construcción y mantenimiento de Puntos Limpios, o la elaboración de la Estrategia Madrid 7R de economía circular. Asimismo, han sido relevantes la puesta en marcha y explotación de plantas de generación de energía limpia con tecnología fotovoltaica que después de su puesta en marcha han pasado a formar parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
La continuidad de los proyectos está asegurada gracias al personal técnico de la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que mantendrá las diferentes líneas de trabajo, recayendo la competencia en la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad.