- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid habrían incurrido, según IU, en falta de transparencia y ocultación de intereses al no declarar que era administradora solidaria de un gabinete jurídico.
- «Villacís se benefició presuntamente de esa posición, puesto que usó la sociedad para construir su casa y comprar otros dos inmuebles junto a su marido», exponen.
- Para IU, existen claros indicios de que incurrió en incompatibilidades en el cargo.
Izquierda Unida ha presentado este lunes, 25 de marzo, una querella criminal contra Begoña Villacís por la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Villacís incurrió en falta de transparencia y ocultación de intereses al no declarar que era administradora solidaria de una sociedad y gabinete jurídico, según han explicado los concejales Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente y la coportavoz de IU Madrid Lourdes Gómez.
La portavoz de Ciudadanos se habría beneficiado presuntamente de esa posición, puesto que «usó la sociedad para construir su casa y comprar otros dos inmuebles junto a su marido».
Además, según IU «existen claros indicios de que incurrió en incompatibilidades en el cargo, ya que el gabinete jurídico representa a un sindicato de la policía municipal y Villacís desarrollado actividades en el pleno y las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con esa misma policía».
Por todo ello, la querella que Izquierda Unida Madrid ha presentado como acusación popular considera que se vulnera el artículo 441 del código penal, que contempla penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.
Villacís fue elegida como concejal del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015 y desde entonces ejerce como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
Como concejala electa Villacís estaba obligada a realizar una declaración de bienes y actividades y actualizarla cada seis meses. Pero, según exponen desde IU, «Villacís no citó que era administradora de una sociedad llamada Gabinete Jurídico Suárez Valdés».
Hasta abril del año 2018 no aparecía en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad empresarial de Begoña Villacís. La portavoz de Ciudadanos no renunció a su cargo de administradora del gabinete hasta marzo de ese año, como aparece en el Registro Mercantil, después de que esa irregularidad fuera revelada por un medio de comunicación, El Salto.
Ante estos hechos, el propio Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe jurídico en el que queda constancia de diversas irregularidades en la forma de actuar de Villacis, «existiendo elementos que hacen pensar que debiera haberse abstenido de participar en diferentes votaciones plenarias».
Y es que el Gabinete Jurídico Suárez Valdés representa a un sindicato de la policía municipal que se querelló contra otra concejala del Ayuntamiento, Rommy Arce. Además el grupo municipal Ciudadanos, del que portavoz Villacís, ha realizado preguntas, propuestas y otras actividades directamente relacionadas con la policía municipal.
«Razones de estricta justicia y equidad hacen rechazar que un cargo electo pueda ser juez y parte en un asunto del que espere obtener un beneficio personal o colectivo. La relación de Villacís con el despacho de abogados que se querelló contra otra concejala parece ser causa de incompatibilidad recogida en el artículo 178 de la LOREG», exponen desde IU.
Añaden que «cuando se produce la situación de incompatibilidad, el electo debe optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación de incompatibilidad. Villacís no hizo ninguna de ambas cosas».
La querella de Izquierda Unida especifica además que Villacís «debería hacerse abstenido en determinadas votaciones en pleno también de acuerdo a la ley».
Se pide que sean llamados como testigos la concejala Rommy Arce, el secretario del Pleno, Federico Andrés López, y Antonio Suárez-Valdés, marido de Villacís y administrador del gabinete jurídico del mismo nombre.
