La Asociación de Vecinos de Chueca, Ecologistas en Acción y la FRAVM han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para tratar de anular el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos del edificio sito en la calle Hortaleza, 63, promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid.
según denuncian, «este plan sirve para justificar y permitir la celebración de eventos comerciales en la sede colegial, que desde hace tiempo generan graves molestias en el vecindario». Con el fin de costear el proceso judicial, las entidades promotoras han iniciado una campaña de microdonaciones en la que te animamos a participar.
Tras la admisión del citado recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM se abre un procedimiento judicial que conlleva unos gastos cuantiosos. Así, sus promotores ha calculado que necesitan un mínimo de 6.655 euros para sacarlo adelante, entre honorarios de abogados, procuradores y peritos.
Por ello, el pasado 7 de febrero lanzaron una iniciativa de recogida de fondos que finalizará el próximo 7 de mayo. Si deseas participar, puedes depositar una donación en el número de cuenta ES22 1491 0001 2720 2846 9720 (Triodos Bank), de Ecologistas en Acción de Madrid, con el concepto “Pelotazo COAM”.
El local del Colegio de Arquitectos de Madrid ocupa parte del edificio de propiedad municipal de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hortaleza, en el barrio de Chueca del distrito Centro. Desde su inauguración, en 2012, parte de los espacios cedidos al COAM se alquilan para celebrar eventos «que nada tienen que ver con su actividad colegial (presentación de marcas comerciales deportivas, cosméticas, bebidas, etc.). En ocasiones, se han organizado fiestas hasta la madrugada con música en directo, al aire libre, en el jardín interior del complejo», inciden.
«Esta actividad supone la afluencia de cientos de personas, con la consecuente emisión de ruidos, incremento del tráfico rodado, ocupación del espacio público de las calles aledañas para la carga y descarga de camiones, etc.», algo que la Asociación de Vecinos de Chueca y personas residentes, a título individual, «han denunciado en numerosas ocasiones, tanto ante el ejecutivo de Ana Botella como ante el de Manuela Carmena. Hasta ahora, siempre en vano».
En 2015, gobernando el Partido Popular, el COAM presentó un plan especial con la intención de legalizar la situación, pero lo retiró después de que Ecologistas en Acción presentara alegaciones «evidenciando la ilegalidad de la propuesta».
En 2016, gobernando Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se volvió a reiterar la propuesta presentando un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) que fue aprobado definitivamente en julio de 2017 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el único voto en contra del Grupo Municipal Socialista. De esta forma se han legalizado las actividades ajenas a la función colegial y profesional y se le permite continuar con ellas.
Este nuevo plan especial considera que el uso terciario-recreativo, que es el que corresponde a la celebración de eventos, es un uso asociado a la actividad colegial y, por tanto, lo autoriza. Sin embargo, a juicio de Ecologistas en Acción, la AV de Chueca y la FRAVM, «nos encontramos ante una clara vulneración del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid».
«El planeamiento recurrido tampoco da soluciones a las plazas de aparcamiento. La celebración de eventos supone un incremento de afluencia de público y de vehículos y, por tanto, un aumento de niveles sonoros en una zona declarada de protección acústica especial. El plan especial, lejos de dar solución a esta problemática incrementa el número de plazas destinadas al uso terciario (celebración de eventos) reduciendo las plazas de dotación y de residentes», exponen.
Por ende, «tampoco resuelve el problema de la carga y descarga, otra de las actividades que más molestias genera al vecindario, por el ruido y la ocupación de espacio público. Cada vez que se celebra un evento, varios camiones ocupan -en ocasiones durante días- el viario público para suministro de bebidas, comida, atrezo, generadores para reforzar la potencia eléctrica, etc».
Pero además de estos efectos ambientales negativos, «de forma más general, los colectivos que han interpuesto el recurso consideran un preocupante precedente considerar el uso terciario-recreativo como asociado a las actividades colegiales. A partir de ahora cualquier colegio profesional podrá hacer lo mismo. Sus sedes se podrían transformar en bares, restaurantes y salas de fiestas, sin cumplir con los requisitos que se exigen a este tipo de establecimientos».
“Si algún colectivo profesional debería ser escrupuloso con el cumplimiento de la normativa urbanística de la ciudad y respetar la convivencia vecinal es precisamente el de los arquitectos y arquitectas. Sin embargo, a nuestro entender, se han beneficiado de su influencia en el Consistorio para lograr, mediante una interpretación errónea del PGOUM, legalizar actividades molestas y no autorizables. Pero ¡no todo vale!, ni si quiera si eres el COAM”, subrayan los colectivos demandantes.
Por ello, en diciembre de 2017, los tres colectivos citados, de forma conjunta, interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el TSJM contra el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos. Desde que se interpuso el recurso, se ha presentado la demanda, un informe pericial y se está a la espera de que el TSJM valore las pruebas presentadas por los colectivos recurrentes y por el Ayuntamiento de Madrid y dicte sentencia.
