La portavoz socialista en la Comisión de Investigación de Bicimad, Mercedes González, ha señalado que el gobierno municipal “había tomado la decisión política de hacer la cesión del servicio de bicis a la EMT por la cantidad que pone Bonopark: 10.500.000 de euros”. Después se dieron cuenta de que les faltaba “soporte jurídico”, y en lugar de pedirlo a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, “lo externalizaron”.
Esto ocurrió el 16 de septiembre y, cuando este informe jurídico estaba todavía en proceso de elaboración, el 26 de septiembre “Inés Sabanés, Sánchez Mato y Rita Maestre hicieron una rueda de prensa rodeados de bicicletas y anunciando la cesión”.
La edil del PSOE ha incidido en que “ya habían decidido ceder un servicio que funcionaba mal a la EMT y que el Ayuntamiento asumiera todo el coste, el dinero establecido por Bonopark para costear esa operación: 10.500.000 de euros, más los 5.500.000 que luego se le han pagado a Bonopark”. Y además, “el Ayuntamiento asume todo el riesgo de un contrato que había firmado el PP en su momento y que era la crónica de una muerte anunciada”.
González ha afirmado que “se podía haber hecho una rescisión de contrato bastante más económica a Bonopark” y luego podría haberse hecho cargo del servicio la EMT o alguna otra empresa.
Y ha concluido su intervención diciendo que, si no se hizo así, «si se permitió que Bonopark marcara todo el camino, ha sido por el miedo que tenía el gobierno de la bicicleta a quedarse sin bicicletas”. Este temor ha provocado “que Bonopark les lleve del ronzal en todo momento, han acabado pagando lo que les han pedido, con su empresa rescatada y con la EMT que no puede entrar en competición con Bonopark en ninguna otra ciudad”.