Los colectivos lamentan que «el actual gobierno, cuyo compromiso electoral era acabar con estas malas prácticas urbanísticas, esté tramitando y sacando adelante esta operación».
La “Operación Cocheras” planificada en 2014 por el ejecutivo de Ignacio González (PP) con la colaboración del consistorio municipal de Ana Botella (PP), que redactó las bases del nuevo plan, podría ser aprobada inicialmente hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, gobernada en la actualidad por Ahora Madrid.
La FRAVM, junto a colectivos ecologistas y en defensa del patrimonio lamenta que «el actual Gobierno local siga adelante con una operación que incluye la construcción de una torre de más de 100 metros y una zona verde consistente en una enorme losa de hormigón».
«Madrid no gana para disgustos. Una y otra vez, nuestros responsables políticos sacrifican nuestra historia y nuestro legado urbano, en pos de proyectos urbanísticos de dudoso beneficio público y que agravan los ya consolidados desequilibrios de los barrios», denuncian.
Exponen que «las parcelas de propiedad pública que albergan instalaciones dotacionales o servicios y que han quedado englobadas en la trama urbana, antes o después terminan siendo objeto de operaciones urbanizadoras intensificadoras y de gran lucro para los agentes implicados. Justo al borde del recién liberado Parque Santander, cuyo Golf ilegal acaba de ser desmantelado, se prevé la desaparición de una de las piezas de patrimonio industrial más interesantes de la ciudad y con gran capacidad de ser recuperada y reutilizada».
Las Cocheras de Cuatro Caminos «son el único y verdadero edificio centenario de Metro, cuya red de transporte es uno de los cien elementos más importantes del patrimonio industrial escogidos de toda España, lista que escoge apenas seis de toda la Comunidad de Madrid. Esta lista fue promocionada por el Comité Internacional de Patrimonio Industrial (TICCIH-España) y avalada por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura. En 2016 se demostró la participación -lógica por otro lado- del arquitecto oficial de la Compañía de Metro, Antonio Palacios, a quien Madrid le debe varios de sus mejores edificios».
Ahora este complejo «se ve amenazado por un Plan Parcial que presuntamente incumple varios preceptos urbanísticos y genera nuevas desigualdades con una muy cuestionable zona verde (consistente en una losa de cemento que se eleva a casi diez metros sobre la parte sur, con rampas y escaleras que impiden un fácil acceso) y una torre de 31 plantas y más de 100 metros de altura que aparece en una zona elevada de la ciudad y con mucho impacto paisajístico en un espacio muy expuesto».
Esa torre, más alta que el Edificio España, tenía una limitación inicial de 21 plantas en 2014, por lo que ya va creciendo un 50% más de lo previsto inicialmente. El aumento de edificabilidad concedido entonces «carece de justificación legal y urbanística, ya que únicamente se pretendió buscar la mayor rentabilidad inmobiliaria; este hecho sienta las bases para el cuestionamiento de la operación en su totalidad».
Por último, cabe mencionar que en la actualidad hay un contencioso administrativo en curso, por la no protección patrimonial de la Comunidad de Madrid hacia este bien, que podría impedir el desarrollo tal y como está concebido, «por lo que se trataría además de una imprudencia administrativa no esperar a su resolución», reprochan.
Por otra parte, «aunque es un gesto que el plazo de alegaciones no coincida con el mes de agosto, como tradicionalmente ha sucedido, creemos que un tema tan delicado no se debería exponer solamente durante un mes, dado que una vez más, el planeamiento incómodo en este país se tramita en verano».
Los colectivos Salvemos Cuatro Caminos, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), Ecologistas en Acción, Plataforma por el Derecho a la Ciudad, Parque Sí En Chamberí, Corazón Verde Chamberí, Club de Debates Urbanos y la FRAVM «lamentamos que el actual gobierno, cuyo compromiso electoral era acabar con estas malas prácticas urbanísticas, esté tramitando y sacando adelante esta operación que -aunque incluye las cesiones previstas por la vigente Ley del Suelo- no favorece en nada a la ciudad, ni ha tratado en ningún momento de buscar una solución en la que se compatibilizase la conservación de nuestro patrimonio histórico».