El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha destacado hoy «el amplio consenso alcanzado en torno a la nueva Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, así como la puesta en valor de este materia al integrarla para su estudio entre los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid».
“El Proyecto de Ley que presentó el Gobierno está en su fase final , todos tenemos el máximo interés en que salga adelante el mejor texto posible y cuanto antes”, ha señalado el portavoz del Grupo Popular. “Pensamos que es una Ley muy importante porque es una protección integral a las víctimas del terrorismo que complementa las ayudas del Estado”, ha añadido Ossorio.
El diputado popular ha recordado que ha habido un incremento del presupuesto de la Comunidad de Madridpara este cometido este año, “ pero hay una cosa más importante para las víctimas que es la memoria y el reconocimiento, por tanto la idea de que se estudie este asunto en la aulas es muy importante para ellos y para nosotros”, ha apostillado el portavoz del PP.
Ossorio ha afirmado que “con esta reunión lo que hemos pretendido es dar un impulso a esta Ley y acelerar el texto para que se pueda debatir en el Pleno, faltan pocos flecos porque la norma está bastante consensuada con el resto de los grupos parlamentarios, que es lo que queremos todos y esa es la actual situación”.
«También hemos hablado –ha agregado el portavoz- sobre la creación de la figura del Comisionado de las Víctimas, que fue un compromiso de Angel Garrido en su debate de investidura, y con la que la AVT se ha mostrado favorable».
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha indicado que “llevamos luchando y trabajando con esta Ley mucho tiempo, es una Ley de consenso y hemos venido a ver como va la tramitación y a acelerarla en la medida de lo posible”. “Es un texto que nos gusta, salvo en pequeñas cosas”, ha concluido Araluce.
La Ley se podría aprobar en otoño
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó esta Ley en septiembre de 2017 y es posible que sea aprobada en la Asamblea de Madrid después del verano.
La Ley extiende su ámbito de aplicación no sólo a las acciones terroristas cometidas en el territorio de la Comunidad sino, también, a las que tengan lugar en otras partes de España o en otros países.
Asimismo, incluye dentro de la condición de víctima del terrorismo a las personas que acrediten, en los términos previstos en la Ley estatal, haber sufrido amenazas o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas y que, por ello, hayan tenido que abandonar su comunidad autónoma de origen y hayan fijado su residencia en la Comunidad de Madrid, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la ley.
Además, también podrán acogerse a las indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos las víctimas de acciones terroristas cometidas en la región desde el año 1960 y hasta entrada en vigor de la ley, siempre que hubieran estado empadronadas en la Comunidad de Madrid en el momento de la acción terrorista y en los dos años anteriores a la entrada en vigor de la norma.
En todo caso, y dado el carácter complementario del sistema diseñado por la nueva Ley, será necesario que la condición de víctima del terrorismo haya sido reconocida por los procedimientos previstos a nivel estatal y que el solicitante haya obtenido previamente del Estado el reconocimiento a las indemnizaciones y compensaciones previstas en su normativa.
Ayudas económicas, educativas y psicológicas
En general, el proyecto de Ley diseña un sistema integral de reparación de los daños causados por las acciones terroristas, con el fin de que las víctimas y sus familias se sientan protegidas por la Administración, tanto a nivel económico como asistencial. Las medidas recogidas serán también aplicables a las personas vinculadas a las víctimas por razón de parentesco, convivencia o relación de dependencia.
En concreto, se contemplan ayudas económicas, sanitarias, psicológicas, psicopedagógicas y educativas; medidas en materia de vivienda, empleo, educación, cultura y deporte; subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas; y distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.
La Ley incorpora novedades como una ayuda complementaria por fallecimiento del 30% de la indemnización concedida por el Estado; indemnización por daños físicos o psíquicos en las mismas condiciones que la indemnización por fallecimiento; y asistencia psicológica especializada e inmediata a las víctimas y sus familiares, allegados y, en su caso, a quienes hayan sufrido daños materiales como consecuencia de la acción terrorista.
