La portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación sobre la M-30, Mercedes González, ha reclamado que se realice una “auditoría exhaustiva” para determinar el coste final de la reforma de esta vía de circunvalación madrileña y que los resultados de este informe jurídico sean remitidos a la Fiscalía en caso de indicar irregularidades.
González ha explicado que, sin la auditoría, «los madrileños se quedarían sin saber cuánto costó realmente un proyecto faraónico que no ha sido calderilla sino miles de millones de euros de todos los madrileños y cuyo pago trasciende gobiernos y generaciones. Los madrileños tenemos derecho a saber cómo y cuánto se gastó el PP en una obra que los tribunales han calificado de ilegal”, en referencia a las sentencias del TSJM y del TSJUE.
El coste de la obra podría rondar los 9.400 millones de euros –más que la segunda ampliación del Canal de Panamá- una cifra que suma los 3.702 millones a los que llegó un presupuesto que fue creciendo desde los 1.200 millones anunciados inicialmente, más los costes de financiación, mantenimiento y conservación, aunque ““no hay certeza de lo que costó la remodelación”, ha precisado González.
La propuesta de realizar una auditoría y un informe jurídico independiente forma parte de las 23 enmiendas planteadas por el Grupo Municipal Socialista al Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la obra. Entre ellas, los socialistas también han propuesto que el personal directivo de Madrid Calle 30 sea designado por el Ayuntamiento y no por el socio privado, que se regularice la situación de los trabajadores de EMESA, que se tenga prevista la subrogación “cuando sea posible legalmente”.
Tras varias jornadas dedicadas a escuchar a los comparecientes –entre los que no ha habido ninguno del PP, a pesar de ser sus promotores- González ha resumido algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Socialista: “Además de que la obra fue ilegal, hubo una falta total de transparencia a lo largo de toda la ejecución, la elección del modelo de gestión de la sociedad respondió al intento del PP por ocultar la deuda de las obras y que no computara como deuda del Ayuntamiento de Madrid y el contrato de mantenimiento no responde a necesidades reales de la infraestructura, es decir, el PP eligió un modelo de gestión totalmente lesivo para las arcas municipales pero altamente beneficioso para las empresas privadas”, ha criticado.
La concejala también ha remarcado la ausencia de comparecientes del Partido Popular: “¿Qué teme el PP para tener que aconsejar a sus anteriores cargos políticos y directivos no acudir a esta comisión? Si tan orgulloso está de la remodelación de la M-30, nadie puede entender por qué no han comparecido sus responsables políticos y técnicos a defender las excelencias de la obra”.
M-30 virtual
Los socialistas han denunciado que existe también la denominada coloquialmente como M-30 virtual, que es un conjunto de proyectos licitados, pagados “pero nunca ejecutados” que han supuesto un desembolso de las arcas públicas de 11,5 millones de euros.
Celeridad por interés político
La portavoz socialista ha sido tajante: “Las obras del Proyecto de Calle 30 son una consecuencia del acuerdo entre la derecha política, que representaba D. Alberto Ruiz Gallardón en 2003, y la derecha económica, que representaban las grandes constructoras del país”. A este pacto no escrito se unió el modelo megalómano con el que Ruiz Gallardón materializaba la gestión política de las grandes infraestructuras, “costara lo que costara y cayese lo que cayese, ya fuera la racionalidad económica o a la propia legalidad”.
Además, «las obras tenían que finalizarse antes de las elecciones de 2007 para que Gallardón pudiera revalidar el poder municipal. La circunvalación de París se hizo en 20 años, la de Madrid acometió el 75% de la misma en cuatro años, sin Evaluación de Impacto Ambiental y con la previsión de que los fallos de los tribunales llegaran con la obra ya finalizada porque “el fin justificaba los medios”, ha apuntado la socialista.
Vulneración de la legalidad
González ha indicado que el Ayuntamiento de Madrid actuó en fraude de ley en tres aspectos “de enorme trascendencia”. Por un lado, «el cambio de nombre de la vía de M-30 a Calle 30 para eludir la literalidad de la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid, de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a carreteras».
El segundo fraude es «el tipo de solicitud de dictamen que se tramita ante el Consejo de Estado, porque toda la argumentación en los pleitos se basó en un dictamen del Consejo de Estado que decía no ser necesaria la Evaluación de Impacto Ambiental. Pero ¿por qué informa así el Consejo de Estado? Porque se le pidió dictamen sobre un proyecto, y no sobre una obra de diecisiete proyectos, que significaba la remodelación prácticamente de toda la M-30 (con una longitud de obras de 99 km, de ellos 56 en túnel)». “Si se hubiera planteado el dictamen globalmente, probablemente la respuesta del Consejo de Estado hubiera sido otra”, ha valorado la edil.
El tercer fraude planteado por el Grupo Socialista se refiere al fraccionamiento de las obras: “aquí se hicieron 17 proyectos, con la finalidad de que cada uno de ellos no tuviera necesidad de impacto ambiental”, ha dicho González, que ha incidido en que la Evaluación de Impacto Ambiental “no es un trámite sino que es una actuación pensada para defender el interés general de una comunidad”.
Costes y sobrecostes.
Para los socialistas, «el Partido Popular tuvo la irresponsabilidad de acometer un proyecto que desbordaba claramente la capacidad económica del Ayuntamiento. Gallardón no pidió apoyo financiero ni al Estado ni a la Comunidad de Madrid. Únicamente acudió al Banco Europeo de Inversiones, que estaba dispuesto a facilitarle un crédito de 1.500 millones de euros».
Pero hubo un pequeño inconveniente: la UE exigía cumplir con la legalidad comunitaria y española vigente, a lo que no estaba dispuesto acceder Gallardón “porque eso no casaba con sus planes y sus prisas”. Así que Madrid se quedó sin financiación europea.
«¿Qué consecuencias tuvo? El endeudamiento sobrepasó los límites aceptables en la propia Ley de Haciendas Locales, fijados en el 110% de deuda sobre los ingresos corrientes del ejercicio anterior, Madrid tuvo que elaborar un Plan Económico-Financiero para los años 2006-2008 que fracasó estrepitosamente y dio lugar a una reiteración de planes de saneamiento posteriores, la deuda fue creciendo de forma descontrolada y los madrileños empezaron a pagar la reforma vía subida de impuestos, que aumentaron un 116% entre 2002 y 2012».
«El comportamiento irresponsable del PP volvió a repetirse con la elección del modelo económico de gestión de la infraestructura y su mantenimiento, lesivo a los intereses municipales y colectivos de los madrileños. Lo dice el dictamen y lo corrobora el propio PP en su escrito de enmienda. Y esto es así, porque no puede entenderse de otra forma la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 por el Ayuntamiento en 2011, que puso de manifiesto que se estaba abonando un sobrecoste, que el primer año fue nada más y nada menos que de 90 millones de euros”, ha confirmado la portavoz.
De hecho, los cálculos realizados dicen que desde 2005 a 2016, Madrid se podía haber ahorrado 600 millones de euros. “Y si no se toman medidas de aquí a 2025 volveremos a pagar otros 500 millones de euros más de sobrecoste”, ha vaticinado.
Por estas razones, Mercedes González ha insistido en la necesidad de realizar una auditoría externa: “Si después de examinar lo acontecido durante la ejecución del proyecto de remodelación de la M-30, y en el desarrollo del contrato de mantenimiento de la misma, se apreciaran irregularidades, sería necesario dar el paso de determinar las responsabilidades y, si procediese, remitirlo a la Fiscalía”.
“Los madrileños hemos pagado, los madrileños seguimos pagando, nuestros nietos seguirán pagando pero la derecha política y la derecha económica que tejieron ese acuerdo sobre nuestras arcas, aún no han pagado nada y ya va siendo hora de que pongan algo. Este dictamen nos indica el camino”, ha finalizado.
