«Las personas LGTB necesitan una protección integral de sus derechos para los que la ley LGTB presentada en el Congreso es una magnífica oportunidad de poder establecer herramientas claras en materias donde las leyes autonómicas no alcanzan», apuntan.
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, proyecto de la asociación madrileña Arcópoli en el que participan otras 15 entidades de la Comunidad de Madrid y que trabaja directamente los casos de incidentes de odio y discriminatorios al colectivo LGTB desde el 1 de enero de 2017, tiene hasta hoy registrados 217 incidentes de este tipo solo en la Comunidad de Madrid, «lo que demuestra la situación de desprotección que aún sufre el colectivo LGTB», explican.
El Observatorio ve vital la aprobación de una ley «que pueda desarrollar medidas para luchar contra la discriminación al colectivo LGTB en campos como asilo y refugio, currículum educativo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, el Ejército o las embajadas y consulados, así como proteger a Ceuta y Melilla en las competencias que no tiene transferidas».
Desde el Observatorio «vemos imprescindible una ley específica LGTB como la recién aprobada en Malta y no una ley antidiscriminatoria en general como en Reino Unido o Alemania ya que las leyes generales que tratan la discriminación, como la ley española sobre la Intolerancia en el deporte trabajan algunas discriminaciones pero postergan a menudo las medidas contra la LGTBfobia, al ser controvertida aún nuestra visibilidad en algunos ámbitos como deporte o el ejército, algo que no podemos permitirnos. Algunas administraciones siguen sin implicarse contra la LGTBfobia».
Para el Observatorio, «la situación legal que tenemos ahora con leyes autonómicas exclusivamente provoca que por ejemplo una persona que ofrecía curar a las personas LGTB en Madrid haya puesto su sede en Toledo, donde no hay ley aplicable. Esto es inadmisible y debemos tener una armonización para que todas las personas LGTB tengan sus derechos salvaguardados».
«España debe seguir siendo la referencia LGTB en la que se ha convertido. En los últimos años hemos retrocedido a nivel estatal en el índice LGTB de ILGA Europe, donde solo hemos progresado gracias a los avances autonómicos de Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia o Islas Baleares, pero medidas como eliminar Educación para la Ciudadanía que nos restaba presencia en las aulas, nos hizo retroceder», añaden desde el organismo.
«La mayoría de los agresores son menores de 30 años, lo que implica que hay un fallo educativo en materia de respeto e igualdad». Por ello exigen que «la ley LGTB profundice en una educación en valores, que hable de todas las realidades sociales y familiares».
Por último, desde el Observatorio Madrileño han querido señalar que «es vital que haya sanciones administrativas para complementar el sistema de sanciones penales como ocurre en la regulación del tráfico o en la intolerancia en el deporte. Tenemos comprobado que apenas un 25% de las víctimas que llegan al Observatorio acuden a los tribunales, por lo que solo las medidas penales son claramente insuficientes».
