- CCOO de Madrid vuelve a requerir a la delegada del Gobierno y al Gobierno del Partido Popular para que cambien sus políticas de seguridad en la región.
- El sindicato ya manifestó su disconformidad con que no se permitiera la colaboración de municipios en materia de seguridad en la Comunidad de Madrid.
En septiembre del año 2016 se produjo una pelea durante las fiestas de Torrelaguna que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven de 20 años. En ese momento se evidenció la falta de efectivos, tanto de policía local como de Guardia Civil para hacer frente a los problemas que surgían durante las fiestas en estos y otros pueblos de la Comunidad de Madrid.
El día 16 de septiembre, hace unos días, falleció un joven en San Agustín de Guadalix, fruto de una pelea durante sus fiestas y se evidenció nuevamente la falta de efectivos en Guardia Civil y Policía Local.
La Delegación del Gobierno, en junio de este año, negó a los ayuntamientos la posibilidad de que policías locales actúen de forma puntual y extraordinaria en otros municipios de la región, al objeto de colaborar en materia de seguridad en periodo de fiestas patronales y evitar situaciones como la de Torrelaguna.
La Delegación no solo prohibió estos acuerdos sino que respondió a los ayuntamientos que solicitaron los permisos en la forma legalmente establecida, que el intercambio de policías entre consistorios “no son conformes con la normativa estatal”.
Concepción Dancausa manifestó que una fiesta no es una situación de urgencia y que la abogacía del Estado había dicho que era ilegal, indicando a los alcaldes que decidieran dar el paso y prestarse agentes de policía durante las fiestas podrían incurrir en un “delito de prevaricación administrativa” y que los agentes que lo hicieran también podrían ser sancionados e incluso detenidos.
Por otro lado, empezaron a proliferar empresas de seguridad privadas que han ofrecido sus servicios y asumir las competencias de la policía local ante la actitud de la delegada del Gobierno y parece ser, que en algunos casos, la seguridad se ha cubierto con este tipo de empresas ante la ausencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Policías Locales y las trabas de la Delegación del Gobierno.
Ante un convenio de colaboración entre la Policía Local de Rivas- Vaciamadrid y la Policía de Madrid, para combatir infracciones en la Cañada Real, la delegada del Gobierno impugnó ante los tribunales dicho convenio. Ahora una sentencia del TSJM no suspende el acuerdo y quita la razón a la Delegación del Gobierno, por interés general y efectividad policial.
CCOO de Madrid entiende que «la actitud de Concepción Dancausa al no permitir la colaboración de municipios en materia de seguridad ha sido negligente y debería reflexionar sobre estas y otras decisiones que han evidenciado un desconocimiento total de la seguridad en la región».