Para el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al mes de julio, tanto el Grupo de Ahora Madrid como el Grupo Socialista (PSOE) propondrán instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a alcanzar un acuerdo social y político que garantice la recuperación del nivel de las Pensiones de 2011 y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Esta propuesta será defendida por Ignacio Benito, concejal del PSOE, y se basa en:
Los efectos de la crisis económica y las medidas adoptadas para combatirla han causado a los pensionistas y a los trabajadores graves pérdidas personales y sociales, y un claro empobrecimiento de ambos colectivos.
El incremento del desempleo, la precarización de las condiciones laborales y la crisis de las hipotecas, han provocado que muchos hijos y nietos hayan vuelto a convivir con sus padres y abuelos, y a situarse bajo el amparo económico de estos, que es lo mismo que decir que viven a cargo de sus pensiones.
Por otra parte, los recortes en las cuantías de las pensiones y la introducción de medidas de copago de las prestaciones farmacéuticas, sociales y asistenciales (ayuda a domicilio, teleasistencia, aparatos, prótesis…), han llevado a que más de la mitad de los pensionistas cobren pensiones en cuantías inferiores al SMI, o que su poder adquisitivo se haya deteriorado de forma sustancial.
Los efectos conjuntos de todas estas medidas han supuesto que, a día de hoy, los pensionistas sufran una pérdida del poder adquisitivo de entre 4 y 5 puntos, que pueden ser más al finalizar 2017.
Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias —insuficiencias protectoras—, entre las que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es casi un 40% inferior a las de los hombres, y la que deriva de la interrupción de la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004 y 2011.
Situaciones personales y familiares que se han visto agravadas por la regresión sufrida con la aplicación de la Ley de Dependencia, la supresión de ayudas asistenciales por las administraciones públicas, o por la saturación que han experimentado las redes asistenciales sostenidas por entidades sociales, benéficas, ONG’s, etc. El resultado es una sociedad más desigual, fracturada y desestructurada, con cerca del 30% de la población sumida en la pobreza en riesgo de caer en ella.
También se han manifestado estos efectos en una crisis del modelo de financiación de las pensiones, a todas luces insuficiente por la caída de las cotizaciones sociales en número y en cuantía, además del agotamiento del Fondo de Reserva de las Pensiones.
En resumen, vivimos una situación de alarma social por el peligro que corre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: las pensiones públicas. El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones públicas, constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social.
Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas políticas, sin importar cuál sea el color del gobierno o la situación del país. Las pensiones públicas son un derecho que debe permanecer al margen de cualquier disputa política, de las diferencias ideológicas o de cualquier proyecto en el marco de las instituciones democráticas. Urge, pues, la adopción de las medidas necesarias que permitan la estabilidad del sistema de pensiones públicas, siendo una de las primeras medidas a emprender el recuperar su poder adquisitivo, amenazado por la aplicación del índice de revalorización establecido desde 2014.
En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 80 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno, se presenta la siguiente
PROPOSICION
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerda:
1° Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a adoptar de forma urgente las siguientes medidas:
- Encomendar a la Comisión del Pacto de Toledo al efecto de alcanzar un acuerdo social y político sobre un índice de revalorización anual de las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social, cualquiera que sea su modalidad y cualquiera que sea su régimen, incluido el de Clases Pasivas, que garantice su recuperación desde 2011 y el mantenimiento de su poder adquisitivo.
- De forma inmediata, y en tanto se alcanza dicho acuerdo social y político, se revalorizarán las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación prevista para 2017 por el Gobierno en su última actualización del cuadro macroeconómico, en un porcentaje no inferior al 1,4%; y establecerá una cláusula de compensación de la desviación de inflación en el supuesto de que la tasa media anual del IPC real sea superior al índice previsto.
- La financiación de la garantía de suficiencia del poder adquisitivo de las pensiones públicas se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. A tal fin, la Ley que los fije incluirá la correspondiente previsión de gastos en todas las modalidades de pensiones públicas, incluido el de Clases Pasivas, con efectos de este 2017.
- La derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2° Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados la adopción de los siguientes acuerdos:
- Encomendar a la Comisión del Pacto de Toledo el estudio de los cambios legislativos necesarios que garanticen el equilibrio entre ingresos y gastos del Sistema de Seguridad Social, mejorando los ingresos por cotizaciones sociales e incluyendo fuentes de financiación adicionales a la cotización, de forma que se garantice el cumplimiento efectivo del artículo 50 de la Constitución Española.
- Las modificaciones legislativas que deban adoptarse sobre el sistema de Seguridad Social contemplarán medidas tendentes a la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional y, en orden a reducir la brecha de género existente en el acceso y disfrute de derechos en las pensiones públicas.
- Realizar una auditoría sobre la gestión operada con el Fondo de Reserva de Pensiones.
3° Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo.
