Un mes después de que lo hiciera por última vez, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), con el apoyo de la FRAVM, volverá a sacar a la calle este sábado 25 de marzo su lucha en defensa de su derecho a un techo digno y contra los «buitres inmobiliarios».
Su situación es hoy especialmente delicada, ya que más allá del bloqueo de su causa judicial, centenares de familias han recibido cartas de su actual arrendador, la empresa Encasa Cibeles (Goldman Sachs) en las que les comunica que deben abandonar su vivienda ante la finalización de su contrato. Al término de diez años de relación contractual, el pasado 21 de marzo debía hacerlo un primer grupo, pero ninguno lo hizo.
Todos tienen la intención de resistir en su vivienda, un inmueble que les fue otorgado por la Comunidad de Madrid por sus rentas modestas y dificultad para adquirir o alquilar una casa en el mercado libre. De momento, hasta que no consigan una solución global al problema, para lo que piden la intervención de su máximo responsable, el Gobierno regional, la familias amenazadas por desalojo están negociando con Encasa su aplazamiento.
Con la concentración del sábado, que tendrá lugar a las 12:00 ante la sede de la Comunidad de Madrid, los afectados, según sus propias palabras, quieren “reivindicar el derecho a la vivienda social y hacer visible un problema que es la consecuencia de una mala gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid, que a través del IVIMA vendió en 2013 casi 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversión, sin pensar que lo que vendían eran vidas de familias vulnerables que cumplían los requisitos para acceder a dichas viviendas”. “Y ahora -continúan- estos dirigentes del PP miran para otro lado y nos dejan en las garras de estos fondos buitres que lo único que quieren es hacer negocio con estas viviendas que se construyeron con los impuestos de todos los madrileños y que ellos mal vendieron con la escusa de que necesitaban liquidez. No encontraron otra manera mejor de conseguirla. No les importó el problema que generaban a miles de familias, solo vieron su propio interés, era mejor vendérselo a sus familiares y amigos”, se quejan con amargura.
Por todo lo anterior, AVVI pide “responsabilidad a esos políticos y a los que ahora gestionan el gobierno madrileño: ellos nos crearon un problema y es el momento de que nos den soluciones”. Además, solicita a Ciudadanos, “que votó en contra de la investigación de la venta del IVIMA que cambie de postura y no mire para otro lado, que no apoye negocios sospechosos”.
En la actualidad existe una comisión de la Asamblea de Madrid encargada de dilucidar las irregularidades de la operación de enajenación de las viviendas del IVIMA, y que el caso judicial, que precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid. Los afectados temen que esta causa penal se cierre en falso en verano, ya que entonces se cumplirán tres años del inicio de la instrucción y si el juzgado no consigue acumular la carga probatoria suficiente, deberá decretar el sobreseimiento.
AVVI y la FRAVM denuncian «las maniobras de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda destinadas a dilatar la instrucción, y su nula colaboración con la justicia. Mientras el Gobierno regional ha demorado todo lo que ha podido la entrega de documentación básica para el proceso, Hacienda hizo oídos sordos durante meses a la petición del instructor de designar peritos para valorar los inmuebles vendidos. Y cuando los designó, para indignación de los afectados, tenían relación con el fondo buitre que se hizo con el lote de viviendas».
Por ello, AVVI reclama también “que la justicia no sea ciega y abra los ojos para que vea el sufrimiento que esta situación ha supuesto para miles de personas y no de por archivado el caso. Por favor investigen. Queremos hechos, no solo bonitas palabras”, concluyen los damnificados.
Durante la concentración, se habilitarán mesas para recoger firmas de la ILP por una ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid que en estos momentos promueve la FRAVM, la Coordinadora de Vivienda, la PAH y la Asociación Libre de Abogados. Una ILP que, entre otras cosas, propone el blindaje de la vivienda pública y social «para que jamás vuelva a tener lugar un caso tan vergonzante como el de la venta de inmuebles del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs».
