El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 celebrado hace unos días ha aprobado incoar seis expedientes de penalidades a la Empresa de Mantenimiento y Explotación M30 S.A. (EMESA) al no tener constancia del cumplimiento de una serie de obligaciones contractuales en materia de conservación, incluidas en el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007. Las infracciones podrían derivar en una imposición de penalidades por comisión de falta grave y concretarse en sanciones económicas que oscilan entre los 50.000 y los 750.000 euros.
Los expedientes de penalidades (la denominación significa que pueden dar lugar a sanción) se refieren a los siguientes incumplimientos: no instalación de telecontrol del alumbrado a cielo abierto de M30; falta de mantenimiento de los apoyos de neopreno de los túneles del bypass; un tercer expediente está relacionado con la seguridad vial y la disposición de medios para la atención de incidencias; otro por deficiencias en el mantenimiento del sistema contra incendios de los cuartos técnicos del bypass; un quinto obedece al no establecimiento de una red de mejora del sistema de comunicación para el tráfico de datos críticos; y, por último, otro por no montar la red WIFI en la totalidad de Calle 30 con soporte de telefonía móvil propia.
Además, en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30, el máximo órgano de gestión de la sociedad, se ha informado de la apertura de una investigación sobre las aparentes deficiencias que plantea el actual centro de control, en comparación con el proyecto ejecutado en 2007. Todo indica que no todas las características contempladas en dicho proyecto fueron instaladas o, si lo fueron, nunca se pusieron en marcha.
Madrid Calle 30
Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA, que cuenta con el 20% restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A. Madrid Calle 30 se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
El Ayuntamiento de Madrid está revisando desde el pasado septiembre el modelo de gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30, que ha costado a las arcas municipales 554 millones de euros entre 2005 y 2015. Un modelo cuestionado incluso por la propia Cámara de Cuentas, y que para el equipo de Gobierno es “gravoso e irresponsable”, ya que si se mantiene así hasta 2040 –fecha en que finaliza la concesión– el desembolso rondaría los 2.550 millones de euros. Por eso se creó un grupo de trabajo, integrado por personal especializado del Consistorio, que está analizando las posibles alternativas, sus ventajas e inconvenientes.
Seis expedientes de penalidades
1.- A Madrid Calle 30 no le constaba el cumplimiento por parte de EMESA de la instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, un compromiso contraído en 2007 y por el que el socio privado ha recibido 2,7 millones de euros. Gracias a la denuncia de la actual dirección de la empresa mixta comenzaron los trabajos para su colocación.
2.- Otro de los incumplimientos pasaría por la falta de mantenimiento de los apoyos de neopreno de los túneles del bypass. Hasta el requerimiento de la actual dirección, EMESA no había realizado ni tan siquiera una inspección detallada de los apoyos para determinar si era necesaria su recolocación o sustitución desde la recepción de las obras de construcción de dichos túneles, a pesar de que ha recibido por este concepto 3,2 millones de euros.
3.- El expediente relacionado con la seguridad vial y la disposición de medios para la atención de incidencias y emergencias viene determinado por el compromiso de EMESA en 2005 de destinar a este servicio un número de operarios con una formación específica, puesto en entredicho por un reciente dictamen del responsable de seguridad del túnel.
4.- Las carencias de mantenimiento en un sistema de protección contra incendios en los cuartos técnicos del bypass, evidenciados en los informes de bomberos y policía a raíz del accidente de octubre de 2012 en el que fallecieron dos trabajadores, han motivado este expediente de penalidades.
5.- Tampoco consta la mejora (sin coste alguno para el Ayuntamiento) de la red de comunicaciones para el sistema de gestión del tráfico, a pesar de que estaba descrita en la oferta original presentada en 2005.
6.- Ni la instalación de la red WIFI con soporte de calidad telefónica en los túneles y cuartos técnicos y vías exteriores de Madrid Calle 30, igualmente sin coste para el Ayuntamiento. Esta red aportaría, entre otras mejoras, seguridad a los empleados de mantenimiento de la infraestructura al permitir la comunicación con el centro de control en puntos donde la señal telefónica ordinaria es deficiente.
