La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, junto con la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, se han reunido en la capital catalana para reclamar al Gobierno central una ley de financiación del transporte urbano. Barcelona se suma así al Ayuntamiento de Madrid para pedir al Estado una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo.
Según han explicado, «el transporte público colectivo urbano es un elemento clave del funcionamiento de las ciudades, uno de los principales motores de las grandes urbes, dado que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos. Un buen sistema de transporte público, que es cuatro veces más económico que el privado, significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en las ciudades. Asimismo, es el garante de la equidad social, ya que es el único medio que asegura el derecho a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones, independientemente de las circunstancias del usuario».
Inés Sabanés ha explicado que «las ciudades somos conscientes del papel relevante e importante que tenemos en la lucha contra el cambio climático y a la hora de garantizar una movilidad sostenible» y ha afirmado que «el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente e universal. Es necesario que nuestro país tenga una ley de financiación del transporte público, es lo que garantizará que este impulso que se ha dado des de los ayuntamientos tenga voluntad de mejora y de permanencia», ha afirmado.
Mercedes Vidal ha asegurado que desde las corporaciones locales «se está haciendo un gran esfuerzo para financiar el transporte público que no se ve correspondido por una implicación suficiente del Estado». «Necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas», ha dicho Vidal, que ha añadido que hace falta «un mayor compromiso del Estado con todas las ciudades». «Las administraciones locales estamos cumpliendo más que sobradamente con un papel financiero demasiado preponderante a la hora de hacernos cargo de una responsabilidad que tiene que ser compartida por todos, como es el derecho a la movilidad”, ha finalizado.
España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación del transporte público. El Estado aporta una cantidad económica mediante los Presupuestos Generales del Estado a los municipios de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y de manera más específica a Madrid, Barcelona y Canarias. Se trata de una cantidad que ha ido variando con los años, sin que quedara establecida una cifra o unos criterios objetivos al respecto: la extensión de la ciudad, la red de transportes o el volumen de viajeros diarios.
Actualmente, la aportación central al transporte público de Madrid se sitúa en el 10%, mientras que la de Barcelona ronda el 16% de las aportaciones totales, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40%.
En los últimos años la situación se ha agravado, al no disponer de una ley específica de transporte público, los recortes en la aportación estatal han llegado a ser 31% en Madrid y el 25% en Barcelona, siendo del 28% para el conjunto del resto de las ciudades. Esto, sumado al mantenimiento de las tarifas, ha supuesto un mayor esfuerzo adicional por parte de las administraciones locales y los consumidores.
En estos momentos las grandes ciudades españolas están experimentando un aumento de la demanda de viajeros en el transporte público urbano, mientras que paralelamente se agravan los problemas de congestión y de calidad del aire relacionados con el uso del vehículo privado. El transporte público ofrece una alternativa para lograr ciudades más limpias, más seguras, más sociales y menos contaminadas, ya que el sistema contribuye indudablemente a la eficiencia energética y la reducción de los niveles de contaminación.
Por este motivo, Barcelona y Madrid, en representación también de otras ciudades españolas como Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga, Gijón, Albacete, Santiago de Compostela, Palencia, Palma de Mallorca, Vitoria, San Sebastián, Córdoba, Cadis, Coruña, Oviedo y Toledo , han acordado «hacer frente común para ponerse al mismo nivel que el resto de países de Europa» e instar al Gobierno central a iniciar con carácter urgente la redacción de una ley estatal que aumente la aportación al sistema de transporte público de las diferentes ciudades.
