La concejala socialista ha adelantado que su grupo municipal del PSOE seguirá trabajando “hasta donde sea necesario” para desvelar todos los detalles y consecuencias de la operación.
“Nos ha quedado claro por qué el Partido Popular de Esperanza Aguirre, la que nunca se calla menos hoy, ha decidido no dar explicaciones sobre la venta del patrimonio de los más pobres de esta ciudad a un fondo buitre y es porque no tienen defensa posible”.
Así ha explicado la portavoz socialista en la Comisión de Investigación municipal, Mercedes González, la ausencia de todos los comparecientes citados para la jornada de hoy: Ana Botella, Paz González, Ana Botella, Paz González, Fermín Oslé, Pablo Cavero, Borja Carabante, Juan Van-Halen y Ana Gomendio, todos cargos electos del Partido Popular.
“Nos ha quedado claro también –ha continuado la concejala socialista- que como consecuencia de aquella operación de la que el PP ahora no quiere hablar, los madrileños que más necesitaban una casa, se quedaron sin ella. Hoy cuando tienen la oportunidad de hacerlo, esconden la cabeza protegidos por Esperanza Aguirre, la que nunca se calla, excepto hoy, que debe ser que no le venía bien que se supiese la verdad de la gestión del PP al frente de la EMVS”.
González ha recordado las palabras de Ana Botella, en el pleno del 29 de abril de 2014, en las que la ex regidora sostuvo rotundamente: “para los inquilinos, lo único que ha cambiado es su casero (..) ¿Y de qué problemas habla?”, señaló entonces en respuesta a una pregunta del Grupo Municipal Socialista. Cambió el casero y cambió todo lo demás: a los inquilinos -que eran familias con necesidad de apoyo social por parte del Ayuntamiento- se les subió la cuota repentinamente hasta un 41% y se les redujo el tiempo de vigencia de los contratos. Muchos de ellos no pudieron pagarlo. Se les ofreció comprar los pisos a un precio imposible para sus bolsillos –entre 100.000 y 200.000 euros- una cantidad muy superior al precio ofrecido a Fidere, de unos 70.000 euros.
“Los hechos son absolutamente claros -ha añadido González- y señalan que desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad de Madrid se hizo un traje a medida para vender el patrimonio de los más pobres de esta ciudad”.
¿Dónde está la connivencia entre ambas administraciones del Partido Popular? En que el Ayuntamiento de Madrid no pide la preceptiva autorización para la venta a la Comunidad de Madrid hasta el 25 de julio de 2013, dos días después de que el gobierno regional hubiera aprobado la modificación del artículo 18 del reglamento de viviendas protegidas. La noticia de la enajenación del patrimonio municipal había sido publicada por un periódico a principio de mayo del mismo año.
“Este es un cambio que permite salvar la operación, que además abrió la posibilidad de que el fondo inversor adquirente pudiese desde el primer momento vender tanto las viviendas protegidas en alquiler, como las viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, sin tener que esperar 5 años desde su calificación definitiva. El nuevo propietario podía vender o alquilar como mejor le cuadrase”, ha añadido la concejala.
“No sólo es importante saber el porqué de esta operación, sino para quién la montaron. Es una operación política que se tomó desde el Ayuntamiento con la connivencia de la Comunidad de Madrid, para dejar a los madrileños con menos recursos sin sus casas y beneficiar a determinadas personas”, ha indicado la concejala. “Los socialistas llegaremos hasta donde sea necesario para que se esclarezca toda la operación”, ha finalizado Mercedes González.
