La Comisión de Investigación que hoy ha comenzado en el Ayuntamiento de Madrid no es ni una causa general -porque se analizarán contrataciones muy concretas- ni tampoco es un juicio. “Planteamos una investigación centrada en la contratación porque ese fue el ámbito de gestión deficiente y el foco de posibles irregularidades”, ha explicado la portavoz socialista Mercedes González, que considera que la gestión del Ayuntamiento en los últimos mandatos se caracterizó “por el despilfarro, los sobrecostes, obras innecesarias, tratos de favor, y por la contratación con empresas de las tramas “Gürtel” y “Púnica”.
Los socialistas han citado para la primera sesión con comparecientes a algunos cargos públicos vinculados con la venta de viviendas públicas y de suelo público de la EMVS a un fondo buitre, aunque la investigación política se extenderá mensualmente a otros ámbitos de contratación municipal, como la Madrid Calle 30, Mercamadrid, la venta de patrimonio inmuebles público, los presupuestos que se duplican como sucedió en la Caja Mágica o las obras que nunca se acabaron aunque le dieron un buen pellizco a las arcas municipales, como es el caso del centro acuático de San Blas o CICCM de la Castellana.
Para el próximo viernes 17 de junio se ha llamado a comparecer a la ex alcaldesa Ana Botella, a Paz González, Delegada de Urbanismo y Vivienda y Presidenta de la EMVS entre diciembre de 2011 y junio 2015, a Fermín Oslé, Consejero-Delegado y Vicepresidente de la EMVS entre febrero de 2012 y julio de 2015, Pablo Cavero, Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, entre enero de 2012 y junio de 2015, Borja Carabante, Vice-Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, entre enero de 2012 y junio de 2015, Juan Van-Halen Rodríguez, Director General de Vivienda de la Comunidad de Madrid entre 2007 y abril de 2013 y Ana Gomendio, Directora General de Vivienda de la Comunidad de Madrid entre abril de 2013 y junio de 2015.
Mercedes González entiende que los responsables políticos citados tienen la “obligación moral de dar explicaciones a los ciudadanos o de explicar por qué no quieren darlas”. Y ha continuado: “Desconocemos lo que tiene que ocultar el PP para no participar en esta comisión. Sus compañeros de la Asamblea participan en una comisión similar en la que incluso ha comparecido la portavoz popular del Ayuntamiento de Madrid. En Valencia, participan en una comisión idéntica a ésta”.
La concejala ha hecho un breve repaso a algunos de los efectos de la gestión de los populares. Por ejemplo, ha mencionado el crecimiento colosal de la deuda en los mandatos de Gallardón y de Botella, que pasó de 990 millones a finales del año 2000 a los casi 7.800 en 2012. La situación financiera estrangulaba al Ayuntamiento, una asfixia que se intentó solucionar con operaciones ruinosas, obras inacabadas o la compra venta de edificios municipales para conseguir liquidez. “Los madrileños enseguida comenzamos a vivir las consecuencias de esta situación: subidas de impuestos y recortes de servicios, de derechos sociales y laborales”, ha resaltado la concejala.
“En resumen, los años de la desmesura en este Ayuntamiento no pueden quedar en meras anécdotas de despilfarro de recursos públicos. Como tampoco pueden quedar en meras anécdotas los recortes en derechos, en prestaciones y el deterioro de los servicios públicos que hemos padecido en los años de la austeridad. Hubo cuanto menos derroche y una gran irresponsabilidad política, que perjudicaron gravemente a los madrileños, privándoles de derechos. Y de todo ello hay responsables”, ha terminado.
