Según informa El Mundo, el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de Cristina Cifuentes. El documento lleva el encabezamiento de «prevaricación administrativa» y tienen que ver, según se informa, con la «Acción Popular Marcha de la Dignidad 22-M».
La plataforma se conformó a raíz de la movilización que se celebró el 22 de marzo de 2014 y que acabó con graves enfrentamientos de grupos radicales y efectivos policiales. En aquella época Cifuentes era Delegada del Gobierno en Madrid. La confrontación de los radicales con los agentes se saldó con más de un centenar de heridos, 67 de ellos policías y 29 detenidos.
La plataforma ha pedido aportaciones económicas a través de su página web para interponer esta querella criminal. Concretamente, necesitaban recaudar 48.000 euros, ya que, según señalan en un escrito, «el juzgado con carácter previo a admitir la querella, nos exige 48.000 euros que debemos abonar como fianza». El motivo, «según el juzgado, -prosigue el escrito- a los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados».
Y es que la denuncia, presentada el 13 de febrero de 2015, no señala sólo a Cifuentes, si no a todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad. Es decir: Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil; Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid; Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana; José Miguel Ruiz Igüizquiza, jefe del mando de las Unidades de Intervención Policial (UIP); Francisco Javier Virseda, ex jefe del mando de la UIP de Madrid; Francisco González, inspector jefe de las IUP…
La cifra de denunciados culmina con un «y contra todos aquellos que resulten responsables de los delitos perseguidos a instancia de la querella en el curso de la investigación». En total, más de una veintena de responsables políticos de seguridad y mandos policiales.
La querella la interpuso la plataforma junto con numerosas organizaciones, colectivos sociales y organizaciones sindicales. Los denunciantes les atribuyen «delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos (Artículos 540 a 542 CP), así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación», según precisa la plataforma en la cuestación que realiza a través de su página web.
En la denuncia les acusa de estar detrás de los disturbios que tuvieron lugar aquel día, ya que, aseguran que fueron policías infiltrados los que los ocasionaron después de recibir la instrucción de sus mandos. Es más, en el documento se precisa que la intervención policial no se dirigió contra los provocadores de los incidentes, si no contra los manifestantes. Concretamente, esa carga se realizó en Colón, antes de la hora comunicada de finalización del evento, mientras escuchaban, según precisan, el manifiesto que leían los organizadores de la marcha.«Se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente. Se cargó de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas», precisa los querellantes en el escrito.
Fuente de la noticia: El Mundo
