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Según desvela Radio Madrid en su edición digital, la Comunidad de Madrid reclama 8.000 euros a una mujer de 92 años con un gran nivel de dependencia.
Según la publicación, en 2009, la Consejería de Políticas Sociales y Familia reconoció a Dolores Casasola una prestación económica de 164 euros para cuidados en el entorno familiar y un servicio de ayuda a domicilio de 25 horas mensuales. Esa cuantía aumentó en 50 euros durante 2014, cuando se incrementó también su grado de dependencia, y alcanzó prácticamente el nivel máximo que contempla la Ley.
Dolores vive con su hijo Ángel que es portero en un edificio de Madrid. Ángel Acedo y su hermana se encargan de cuidarla con el apoyo de una persona, que acude a su domicilio una hora por la mañana y otra por la tarde, como parte de la prestación concedida por la Ley de Dependencia.
Dolores no se puede levantar de la cama. No puede comer sola. Hay que moverla diariamente al menos en un par de ocasiones, una para asearla por la mañana y otra por la tarde. Así evitan que se le produzcan escaras. Una sola persona no puede hacerlo.
La situación de dependencia de Dolores está reconocida como Grado III nivel 2. Una «gran dependiente» según la propia norma. Por eso a su hijo Ángel no le sorprendió en absoluto que tuviera derecho a una pequeña prestación económica y a unas horas de ayuda a domicilio. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy recortó las ayudas a la Ley de Dependencia, bandera del gobierno socialista, nadie desde la Consejería se puso en contacto con Ángel para decirle que la norma había cambiado y que tenía que elegir entre la prestación económica o la ayuda a domicilio. Ni siquiera la propia administración se dio cuenta hasta hace unos meses de que Dolores disfrutaba de ambas.
En abril del pasado año llega al domicilio de Dolores la primera notificación de la Comunidad. Le dicen que va a dejar de cobrar la prestación económica porque es incompatible con la ayuda a domicilio.Ángel se acerca con la carta a la sede de la Consejería de Políticas Sociales y Familia porque no entiende nada. Allí le explican que, aunque nadie le ha avisado, es incompatible mantener la prestación económica y la de ayuda a domicilio y que, por eso, han procedido a retirarle la primera. Ángel lo entiende y de hecho, asegura a la SER: «Si hubiera tenido que decidir yo también me hubiera quedado con la ayuda a domicilio porque soy incapaz de mover solo a mi madre para asearla como es debido».
La sorpresa llega el pasado mes de noviembre. En una segunda notificación la Consejería de Políticas Sociales y Familia le exige a Dolores, con una pensión de 636 euros mensuales, la devolución de 7.691 euros cobrados, dice la carta, indebidamente. Ángel intenta reclamar sin éxito. Pide entonces que le fraccionen los pagos de la devolución hasta un máximo del 30% de la pensión de su madre. Con ese dinero tiene contratada a una persona que permanezca con ella mientras el trabaja. Pero tampoco en esa cifra está de acuerdo la Comunidad. Dolores va a estar pagando mensualmente el 40% de su pensión hasta finales de 2018.
Fuente de la noticia: Radio Madrid
Todo comenzó sobre las 13h de esta tarde de miércoles, cuando agentes de la Policía Municipal de Madrid inspeccionaron el interior de una furgoneta, dentro de la campaña de prevención en el transporte de mercancías, que se dirigía a un restaurante con género en mal estado, sin refrigerar, según han informado fuentes de la Policía Municipal.