La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha rechazado el anuncio realizado hace unos días por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la futura firma de un convenio con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que cualquier médico pueda realizar valoraciones de discapacidad.
Este servicio ha sido desempeñado históricamente y de manera exclusiva por los profesionales de los diez Centros Base de la red pública, dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que cuentan con equipos multidisciplinares especializados y con una trayectoria consolidada.
«En lugar de reforzar estos centros con más recursos humanos y materiales, la Comunidad de Madrid pretende destinar 2,3 millones de euros de fondos públicos al Colegio de Médicos, lo que supone abrir la puerta a la privatización de un servicio esencial y, por tanto, poner en riesgo su calidad, cercanía y carácter público», han señalado.
Desde CSIF Madrid «consideramos esta medida inaceptable, pues no responde a las necesidades reales de los Centros Base, donde persisten vacantes sin cubrir y plantillas insuficientes que dificultan la atención adecuada a los ciudadanos».
Además de la valoración y calificación del grado de discapacidad, en estos centros «se ofrecen servicios especializados de orientación, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y atención temprana, que actualmente no están presentes en todos los dispositivos de la red y que constituyen un pilar fundamental en la atención a las personas con discapacidad y a sus familias».
«Lejos de abordar estas carencias, la Comunidad de Madrid opta por derivar recursos a un convenio que externaliza funciones sin contar con la experiencia y el conocimiento que poseen los profesionales de los Centros Base», ha incidido.
«Queremos subrayar, además, que esta decisión se ha adoptado sin consultar ni a los trabajadores y trabajadoras de los Centros Base, que conocen de primera mano las dificultades del servicio, ni a las organizaciones sindicales representativas en la Administración», exponen desde CSIF.
Se trata, por tanto, de una iniciativa «unilateral que desprecia el diálogo social y la participación de quienes, día a día, sostienen este servicio público con esfuerzo y compromiso. Los facultativos externos carecen de la formación específica, la experiencia acumulada y la visión integral que requieren estas valoraciones, alejándose de la realidad actual y de la especial singularidad de los Centros Base».
CSIF exige a la Comunidad de Madrid que «apueste por fortalecer los servicios públicos, garantizando una atención de calidad y cercana, en lugar de externalizarlos con fórmulas que no solucionan los problemas estructurales existentes. Es urgente aumentar la plantilla de profesionales de distintas disciplinas, mejorar las condiciones laborales y salariales para atraer y retener personal cualificado, así como dotar a los centros de los recursos materiales y estructurales necesarios. De este modo se podrán atender las crecientes necesidades, reducir los retrasos acumulados en los reconocimientos y renovaciones de grado y ofrecer una gestión integral, digna y eficaz.
«Nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras de los Centros Base, así como con los usuarios y sus familias, nos obliga a denunciar esta medida y a reclamar soluciones reales», subrayan. «Amparados en el artículo 49 de la Constitución Española, exigimos que la Comunidad de Madrid active todos los recursos disponibles para mejorar la gestión de los Centros Base, establecer vías de colaboración con los agentes sociales y desarrollar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración que garantice los derechos de las personas con discapacidad».
«El único objetivo debe ser proporcionar una asistencia integral, digna y resolutiva a la ciudadanía madrileña, sin atajos privatizadores ni derroches de dinero público», concluyen.
