La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto para la modificación de la Ordenanza del Taxi, un texto promovido por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. La nueva normativa, que se elevará al Pleno de este mes, se centra en dos objetivos, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
Por un lado, en la adaptación a los cambios que se aprobaron en la modificación del Decreto del Taxi de la Comunidad de Madrid y, por otro, en impulsar que este servicio público garantice los desplazamientos a las personas con movilidad reducida (PMR). En la actualidad, en la ciudad, la flota activa de taxis está integrada por 15.518 vehículos, sobre un total de 15.812 licencia, de los que 366 son adaptados (el 2,35 %) y el objetivo es llegar al 5 % de eurotaxis (vehículos adaptados).
Para fomentar los eurotaxis en la ciudad, se contemplan nuevas medidas. Una de las más importantes que recoge la norma es la creación, mediante concurso, de nuevas licencias de este tipo de vehículos. También se permitirá que sean de clasificación ambiental C para aumentar la oferta de modelos adaptables a personas de movilidad reducida.
Con el objetivo de incentivar la elección de vehículos eurotaxis, estos podrán trabajar siete días a la semana, mientras que el resto solo podrá hacerlo cinco. No obstante, para aquellos vehículos eléctricos puros que se han adscrito a las licencias con anterioridad a que se apruebe la modificación, se aprobará una disposición transitoria que permitirá que puedan seguir trabajando como hasta ahora, siete días, hasta que el vehículo alcance la edad de diez años, que es la permitida a los taxis.
Se incluyen como nuevos requisitos para los titulares de licencias de eurotaxi la adscripción a una entidad de intermediación que permita la reserva del servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. Además, se obligará a los titulares de estas licencias a realizar un mínimo de 150 servicios de eurotaxi al año, ya que se ha constatado que el servicio que se presta actualmente es insuficiente: un 40 % de los titulares acredita menos de 100 anuales.
Nuevos requisitos para ser conductor de taxi
La nueva Ordenanza del Taxi trae consigo cambios en los requisitos para ser conductor de estos vehículos. Entre las novedades, se incluye la obligatoriedad de tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para la obtención del permiso de conductor de taxi. También se simplifica el examen, como contempla el decreto regional, eliminando el módulo de itinerarios del ejercicio.
Asimismo, se establecerá un sistema para evitar la excesiva reiteración en los exámenes. Se plantea que, a partir del segundo suspenso, sea necesario esperar un mes natural entre convocatorias sucesivas, como ocurre en la Dirección General de Tráfico con las pruebas para el carné de conducir. Por otra parte, y para garantizar la calidad del servicio a bordo de los taxis, será preceptivo llevar un dispositivo electrónico de navegación (GPS).
Licencia por puntos para el titular
Con la última modificación de la Ordenanza del Taxi en 2021 se implantó la licencia por puntos. Este mecanismo permite aplicar, de forma objetiva y transparente, las sanciones por reincidencia y la habitualidad en los comportamientos punibles que más afectan a los clientes y a la imagen del sector, reduciéndose el número de sanciones que comportan pérdida de puntos (las muy graves): el incumplimiento del régimen de descanso, el quebrantamiento del régimen tarifario (engañar al usuario con el precio) o buscar y recoger viajeros fuera de la parada oficial establecida. Entonces, se asignó esta licencia al conductor, pero con la modificación se aplicará al titular, dado que la responsabilidad por las infracciones en materia de transportes es del titular de la licencia y no del conductor.
En la ordenanza se establece un número mínimo de servicios para los eurotaxi, lo que se contempla como uno de los supuestos de penalización en la licencia por puntos. Todo ello, con el fin de conseguir que la no prestación del servicio a un colectivo vulnerable tenga una sanción proporcional al daño infringido al usuario.
