El incremento del 5% del precio de la electricidad en febrero confirma los elevados precios que se arrastran desde hace varios meses, consolidando una subida anual del 44% respecto a febrero del año pasado, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En apenas un año la factura mensual para los usuarios de la tarifa regulada PVPC ha pasado de 56,81 euros a los 81,60 euros actuales para un hogar medio. Una subida que no es ajena a los usuarios en el mercado libre, muchos de los cuales han sufrido revisiones al alza este mes de enero.
Y es que el gas, responsable de fijar los precios mayoristas de la electricidad durante gran parte de las horas, sigue caro, mientras que la energía eólica redujo su producción durante febrero. A ello se une la reciente modificación al alza de los peajes del sistema eléctrico y la recuperación del IVA al 21% desde el pasado enero. Es aquí donde debería actuarse, señala OCU, que vuelve a solicitar al Gobierno que la electricidad tenga la consideración de un bien de primera necesidad, de modo que se aplique un IVA reducido del 10% o incluso del 5%, el mínimo permitido por la Unión Europea.
Por todo ello, es vital que los consumidores comparen periódicamente sus tarifas con las alternativas que hay en el mercado. Un reciente análisis de más de 11.000 facturas de electricidad realizado por OCU y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 revela enormes diferencias de precio entre comercializadoras: para un mismo hogar con un consumo de 3.500 kWh al año y 4,6 kW de potencia contratada, se pagan entre 622 y 1.564 euros al año, es decir, 942 euros de diferencia.
Tan relevante como este dato, es el análisis de las diferencias que se observan dentro de cada comercializadora. Mientras que los clientes de Naturgy tienen unas tarifas muy homogéneas (la diferencia es de solo 126 euros al año), las diferencias pueden llegar a ser de 792 euros al año en una comercializadora como Total Energies.
Estas importantes diferencias dentro de cada compañía no siempre responden a tarifas distintas y claramente identificables que permitan detectar el sobreprecio y cambiar a otra. Al contrario, en muchos casos se trata de precios que se identifican con un mismo nombre y pese a ello con valores que pueden ser extremos. Por ejemplo, para Iberdrola se encontraron hasta 47 precios diferentes en su tarifa Plan Estable, con un precio por kWh consumidor que iba desde los 13 céntimos hasta casi 36 céntimos por kWh.
En parte, estas grandes diferencias «pueden deberse a la contratación en momentos diferentes, sin embargo, puede haber otras explicaciones como la política discrecional de revisión de precios que sigue cada comercializadora con cada uno de sus clientes». Las comercializadoras están obligadas a comunicar al cliente con antelación y de forma individualizada la revisión de precios (habitualmente al año), pero no a dar publicidad a esas revisiones, que quedan sin ningún control. Nada impide a una comercializadora incrementar los precios a un cliente o a un pequeño grupo de clientes por criterios como: “tiene factura electrónica y no la consulta nunca”.
OCU denuncia que la Ley del Sector Eléctrico, que define la información que las comercializadoras deben proporcionar a los usuarios y a la propia CNMC, «se queda muy corta». De hecho, «permite que el mercado eléctrico siga siendo uno de lo más opacos y confusos para los consumidores». Para un mejor seguimiento y control del mercado, las tarifas vigentes (y no solo las de nueva contratación) «deberían ser identificables y públicas en un libro de tarifas». «Igual de importante es mejorar la información de las facturas y publicidad de modo que todos los conceptos que se van a cobrar sean visibles por el usuario al mismo nivel», concluyen.
