Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, las asociaciones Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS) y Síndrome Fatiga Crónica – Sensibilidad Química Múltiple (SFC-SQM Madrid), junto a la FRAVM, han presentado un informe que apunta niveles preocupantes de radiofrecuencias en áreas comunes del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Desde el activismo ecosocial, los datos obtenidos sugieren «indicios claros de una situación de riesgo potencial para la salud de empleados y usuarios del hospital, haciendo imposible la atención a los electrohipersensibles (EHS), a los que se excluye por la vía de hecho, la posibilidad de recibir asistencia médica en hospitales o ambulatorios».
Este informe surge de mediciones no profesionales realizadas en diversas estancias del interior del edificio revelando contaminación electromagnética, que «supera ampliamente los límites precautorios o proteccionistas recomendados por múltiples organismos internacionales».
A pesar de la «creciente evidencia científica» sobre los riesgos potenciales de las radiofrecuencias (la SEPR, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, la ICBE-EMF o la CIPRACEM entre otras) con» posicionamientos rigurosos que atienden a las alertas tempranas y precaucionistas», el informe señala cómo el sistema de conectividad instalado «contraviene las recomendaciones de organismos como el Consejo de Europa, la Agencia Europea del Medio Ambiente y demás actores sociales y científicos, sin conflicto de interés con la industria, que de forma reiterada alertan del grave riesgo para la salud que entraña las tecnologías TICs (información y comunicación) basadas únicamente en la conectividad inalámbrica».
Además, critica la «instalación masiva de potentes sistemas inalámbricos como el WiFi y las redes 5G, en todo tipo de instalaciones e infraestructuras ubicadas en lugares sensibles como centros hospitalarios, escuelas, residencias de ancianos, transporte público, etc, sin un debate social amplio ni consideración de alternativas más seguras y sostenibles, como la conexión a través de cable Ethernet».
Las organizaciones piden la aplicación del principio de precaución, solicitando la adopción de «medidas garantistas para minimizar en la mayor medida posible los niveles de emisión sobre espacios considerados sensibles», en línea con el art. 53 del R.D. 123/2017 que aprueba el Reglamento sobre uso del dominio público radioeléctrico. La ubicación indiscriminada de antenas está en contradicción con el artículo 4.1 del Real Decreto 299/2016 de 22 de julio sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Dicho artículo estipula que “los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible …”.
Los colectivos que están detrás del informe instan a la Administración regional a «limitar en gran medida los riesgos inherentes al empleo masivo e indiscriminado de estas tecnologías inalámbricas en los hospitales de la región madrileña, a fin de garantizar la salud de los propios profesionales que trabajan en el centro y público en general que accede a las instalaciones, dándose el sorprendente caso de similitud en la utilización de potentes modelos de antenas, a las ubicados en el subterráneo de Metro Madrid para garantizar la conectividad».
También piden «hacer posible la asistencia médica efectiva a las personas electrosensibles, así como retirar las estaciones de telefonía móvil instaladas en la propia dirección del hospital, en tanto en cuanto no exista una legislación del Gobierno central competente en la materia, clara, proteccionista, con valores restrictivos en el establecimiento de distancias de seguridad en áreas cercanas a lugares sensibles como los hospitales, marcando límites de ubicación y exposición a densidades y potencia de emisión en infraestructuras, bases o estaciones fijas de radiocomunicación».
