La Junta Electoral obliga a Más Madrid a retirar las lonas por las 7.291 «víctimas de los protocolos de la vergüenza» de Ayuso

Gacetín Madrid

La Junta Electoral de Zona ha instado a Más Madrid a retirar las lonas por los 7.291 fallecidos en residencias de la región durante la pandemia mundial de coronavirus, con motivo de los 1.500 días de la aprobación de los llamados «protocolos de la vergüenza» del Gobierno de Ayuso, que impidieron su traslado a centros hospitalarios. Están ubicadas en la avenida de La Albufera (Puente de Vallecas) y el Parque de La Elipa (Ciudad Lineal).

El Partido Popular (PP) ha presentado ante la Junta Electoral de Zona de Madrid un escrito solicitando la retirada de ambas lonas porque, según argumenta, se estaría vulnerando la prohibición de publicidad o propaganda electoral desde la convocatoria de las elecciones (europeas, en este caso) hasta el inicio oficial de la campaña, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Junta ha resuelto favorablemente a la reclamación del PP, aunque cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial que Más Madrid ha presentado en el día de ayer.

Fuentes de Más Madrid confirman que estas alegaciones se fundamentan en que las citadas lonas no contienen ningún mensaje referido o que incite al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, ni están firmadas por Más Madrid, ni aluden a ningún partido ni candidato que vaya a concurrir a dicha contienda electoral, por lo que “en coherencia con la interpretación del Tribunal Constitucional de las restricciones aplicables en función de la ley electoral, no estamos vulnerando nada”.

Más Madrid denuncia que el Partido Popular ha emprendido «una campaña de persecución» contra las lonas desplegadas esta semana por la formación verde. El partido liderado por Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot señala que la ofensiva del PP busca retirar las lonas e incluye tanto “la utilización partidista de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Almeida” como “una reclamación hecha ante la Junta Electoral de Zona para la retirada de las lonas”, que esta ha resuelto en favor del PP aunque Más Madrid ha recurrido ante la Junta Electoral Provincial.

Por otro lado, subrayan desde Más Madrid, la «ofensiva censora» del PP «no acaba aquí». Además, unos agentes de la Policía Municipal del distrito de Moratalaz cursaron el pasado martes 29 de abril boletín de denuncia contra la lona desplegada en el Parque de La Elipa, aduciendo que infringe la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior del Ayuntamiento por contener mensaje contrarios “a la dignidad de las personas y los valores constitucionales” y remitiendo a unos artículos de la citada ordenanza que «no se refieren a nada de eso».

De hecho, esta ordenanza en general regula las condiciones de las instalaciones y actividades de la publicidad exterior en la ciudad para preservar el paisaje urbano y el medio ambiente, sin entrar en ningún caso en el contenido de esta. El escrito de los policías remite a artículos inexistentes de la normativa, algo que para Más Madrid «es especialmente grave» y refleja cómo Almeida “no sólo intenta callar la voz de la oposición en los plenos municipales, sino incluso ordenando a la policía municipal de todos los madrileños a actuar como policía política”.

Para Más Madrid, lo único que está claro es que “el PP está nervioso” y quiere imponer “la ley del silencio respecto a lo que pasó en las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia y su responsabilidad política en ello” y recuerdan que “en más de cuatro años, el gobierno regional y ningún representante de ese partido han tenido a bien recibir a las familias de las víctimas”.

“Ahora quieren amordazarnos e intentar amedrentarnos con denuncias ‘fake’ para borrar esa responsabilidad política en los protocolos que negaron asistencia hospitalaria a miles de personas vulnerables”, apuntan.

El partido que lidera la oposición a los gobiernos de Ayuso y Almeida ya publicó el pasado mes de febrero 198 actas de inspecciones a residencias durante el confinamiento por parte de la Policía Municipal de Madrid que acreditan la aplicación de esos protocolos de la vergüenza y que el ejecutivo autonómico lleva cuatro años ocultando a las familias de las víctimas.

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