El PSOE pedirá a Cibeles que se declare a Madrid como «zona de mercado residencial tensionado»

Gacetín Madrid

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid llevará al próximo Pleno de Cibeles una proposición para que se inste a la Comunidad a cumplir la Ley de Vivienda y a declarar a toda la ciudad de Madrid como ‘zona de mercado residencial tensionado’.

«Cada vez más población madrileña tiene dificultades para el acceso a una vivienda en propiedad o alquiler debido al fuerte incremento de los precios. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el INE, en la última década el precio de la vivienda ha subido un 77% en Madrid, 24 puntos más que la media nacional y es la comunidad autónoma donde más ha subido el precio. Además, según el Índice Inmobiliario Fotocasa, Madrid es la quinta ciudad más cara para alquilar una vivienda con un precio de 18,99 euros/m² al mes en diciembre de 2023. Este precio es un 84% superior al que se registró hace 10 años (10,30 euros/m2 en diciembre de 2013)», señalan los socialistas.

El acceso a la vivienda «se ha convertido en uno de los obstáculos más importantes para los madrileños a la hora
de definir su proyecto de vida, especialmente para los jóvenes y familias vulnerables. Ante esta alarmante situación, se hace imperativo abandonar las políticas que han demostrado ser un fracaso a lo largo de las últimas tres décadas en nuestra región. La Comunidad de Madrid, no solo no ha regulado y legislado, como obliga nuestra Constitución, el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino que, contraviniendo el mandato constitucional, ha realizado una legislación que tiene como piedra angular la consideración de la vivienda exclusivamente desde la perspectiva de su consideración como bien de mercado».

Esta política, añaden, «está pensada para mantener precios altos y una elevada rentabilidad inmobiliaria para los tenedores, especialmente para los grandes tenedores. Recientemente, el Gobierno de Ayuso ha aprobado una subida del precio del módulo de vivienda protegida que en la ciudad de Madrid será de un 26%. Esta subida de precios hará que sea aún más difícil el acceso a la vivienda sino se da ninguna ayuda por parte de la Administración local y regional».

Esta posición «contrasta con la determinación del gobierno de España que ha aprobado una Ley de Vivienda que constituye el mayor instrumento legislativo puesto en marcha en España hasta el momento para garantizar el considerado quinto pilar del Estado del Bienestar, estableciendo un completo catálogo de medidas del que pueden hacer uso en su regulación las Comunidades Autónomas, competentes en cuanto han asumido en sus respectivos Estatutos la materia de regulación de la vivienda (en el caso de Madrid, en su artículo 26, apartado 1.4: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda)».

Recientemente, según los datos del índice de precios del alquiler publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la ciudad de Madrid el precio del alquiler está por encima del 50% de los ingresos en la mayoría de los barrios. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentará para su aprobación la siguiente proposición:

  1. Instar a la Comunidad de Madrid al cumplimento y aplicación de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda en todos sus términos.
  2. Instar a la Comunidad de Madrid a declarar el municipio de Madrid zona de mercado residencial tensionado en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en la normativa reguladora en el ámbito de sus respectivas competencias.
  3. Instar a la Comunidad de Madrid a dotar al Ayuntamiento de Madrid de los instrumentos y medidas necesarias para frenar la escalada de precios de los alquileres que prevé la norma.
  4. Instar a la Comunidad de Madrid a que ponga los recursos necesarios, para facilitar el derecho a la vivienda a la población que reside en la región.
  5. Que este acuerdo sea trasladado a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España.

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