Un total de 82 organizaciones de diverso ámbito, entre las que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), han enviado esta semana una carta al Gobierno central en la que muestran su oposición al proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de las grandes infraestructuras de transporte. La iniciativa ha sido impulsada por la Plataforma contra la Ampliación de Barajas.
La ampliación del aeropuerto de Barajas anunciada por Pedro Sánchez en la pasada edición de FITUR «ha generado un importante rechazo social», exponen. Con el título “NO a la ampliación del aeropuerto de Barajas. NO a las megainfraestructuras de transporte”, 82 entidades diversas —sociales, vecinales, ecologistas, sindicales y políticas— han enviado una declaración conjunta tanto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como a Óscar Puente y Teresa Ribera, ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, respectivamente.
En la misiva, las entidades firmantes han mostrado de manera formal su oposición a los planes del Ejecutivo tanto para aumentar la capacidad de tráfico aéreo del aeropuerto como para construir una ciudad aeroportuaria en el marco de una nueva megaoperación urbanística de carácter especulativo.
La ampliación del aeropuerto de Barajas se articula en torno a dos actuaciones principales. Por un lado, tal y como se recoge en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 aprobado en septiembre de 2021, Aena tiene previsto unificar las actuales terminales 1, 2 y 3 y ampliar la T4 y su satélite. Igualmente, se contempla la construcción de nuevos aparcamientos, uno de tres plantas con capacidad para 1.000 vehículos para empresas de alquiler de coches y VTC, y otro de cinco plantas con 2.000 plazas para coches privados.
También se prevé la conexión con trenes AVE desde la estación de Chamartín, aunque esta medida no se incluye en el DORA. Según el anuncio realizado por Pedro Sánchez el pasado 26 de enero, el objetivo último de estas intervenciones es aumentar la capacidad de gestión del aeropuerto hasta los 90 millones de pasajeros/año en 2031, un 28% por encima de la capacidad actual de la infraestructura.
Por otro lado, de forma complementaria a la ampliación de la capacidad del aeropuerto, Aena pretende llevar a cabo una importante operación inmobiliaria orientada a la edificación de 323 hectáreas (2,1 millones de m2) de suelo público para usos logísticos, aeronáuticos, terciarios, residenciales y de ocio. Es decir, podría albergar un desarrollo urbanístico de dimensiones similares a las de la Operación Chamartín (actual Madrid Nuevo Norte), siendo incluso equiparable el modelo de ejecución. El ente público adjudicaría el suelo y el aprovechamiento urbanístico a entidades privadas.
En su carta dirigida a los miembros del Ejecutivo, las organizaciones firmantes argumentan, en primer lugar, su rechazo a estos planes por «su incompatibilidad con los compromisos de reducción de emisiones contraídos por el Estado español». Así, mientras el el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 ha fijado un objetivo de reducción de las emisiones GEI del sector transporte en España en un 46 % en 2030, la ampliación del aeropuerto de Barajas, que en 2019 ya fue el cuarto más emisor de toda la UE, podría hacer aumentar las emisiones de la infraestructura hasta en un 35 %, según un estudio de Ecologistas en Acción.
Igualmente, el potencial incremento de las emisiones de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas en suspensión (PM) constituye otra de las preocupaciones de las entidades firmantes del manifiesto. El aeropuerto de Barajas es a día de hoy el principal foco emisor de óxidos de nitrógeno de la Comunidad de Madrid y, según el estudio mencionado anteriormente, la ampliación podrá elevar las emisiones de NOx y PM un 30,12 % y un 30,48 %, respectivamente.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la OMS, en 2019 en España se registraron 23.300 muertes prematuras por exposición a PM2,5 y 6.250 por NO2. Se estima que 3,3 millones de personas viven a 20 km o menos del aeropuerto de Madrid-Barajas, zona donde se registran altas concentraciones de partículas en suspensión.
«Otros impactos preocupantes que se agravarían como consecuencia de la ampliación, a juicio de las organizaciones, serían los niveles de contaminación acústica, las afecciones a la biodiversidad y el patrimonio natural de la Comunidad de Madrid y los impactos económicos negativos para los municipios cercanos al aeropuerto», subrayan.
Contra las grandes infraestructuras de transporte
Desde una perspectiva más amplia, las entidades firmantes se oponen a la política del Gobierno de ampliar o construir grandes infraestructuras de transporte “que alimentan un modelo de movilidad insostenible, basado en el consumo de combustibles fósiles y destinado a alimentar un turismo de masas insostenible y a promover la hipermovilidad e hiperglobalización de mercancías, olvidándose de los impactos ambientales y sociales de estas acciones así como del aumento de emisiones que suponen”.
En opinión de Pablo Muñoz, coordinador del Área de Movilidad Sostenible de Ecologistas en Acción, “la ampliación del aeropuerto empeorará sustancialmente la calidad de vida de cientos de miles de personas que viven cerca del aeropuerto y seguirá aumentando nuestras emisiones, de manera contraria a lo que tendríamos que hacer. Lejos de ser una intervención pensada en favor del interés general, este tipo de proyectos provocan un fuerte rechazo social. Las organizaciones firmantes del manifiesto reclamamos políticas que mejoren la movilidad cotidiana del conjunto de la población, así como oportunidades de desarrollo social y económico respetuosas con el medio ambiente y la salud de todas y todos”.
