Las nuevas normas urbanísticas entran hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Un hecho que ha sido posible gracias al trabajo y colaboración conjunta del Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional para que estas nuevas normas salgan adelante en tiempo récord con el objetivo de «impulsar y facilitar los futuros desarrollos así como favorecer que la capital y la región continúen siendo el motor económico de España», señalan sus responsables.
La aprobación de las normas urbanísticas «era una prioridad del nuevo Gobierno municipal para dar respuesta a la compatibilidad de usos urbanísticos y favorecer la actividad económica en la ciudad». Con la adaptación de la regulación urbanística «a las necesidades de la sociedad» se abre «aún más la puerta a la inversión y la creación de empleo», ya que permitirán crear 4.182 puestos nuevos e incrementar en 215 millones de euros el PIB de la capital, «a la par que se protege y mejora la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente».
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, han visitado esta mañana el ámbito de Mahou-Calderón, un proyecto impulsado por las dos administraciones para seguir construyendo la ciudad del futuro: nuevos barrios con viviendas libres y protegidas (1.191 nuevas en esta zona), con más equipamientos, más servicios públicos al alcance de todos los vecinos, más zonas verdes y más sostenibilidad. Durante esta visita, Carabante ha querido agradecer a la Comunidad de Madrid su «colaboración y apoyo, así como el permanente diálogo» entre ambas administraciones. Fruto de ello, según el delegado, han entrado hoy en vigor unas normas adaptadas a «la realidad económica, social y territorial» de Madrid y que, además, van a permitir “mejorar la prestación de los servicios públicos” y «afrontar los retos del futuro, especialmente hasta que elaboremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana».
Las nuevas normas serán el pilar esencial para los diez desarrollos urbanísticos que harán crecer la ciudad hasta en 56 millones de metros cuadrados en los próximos años, una superficie superior a ciudades como Salamanca, Santander, Alcobendas o Móstoles: Madrid Nuevo Norte, los Desarrollos del Sureste (integrados por los barrios Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y el Cañaveral), La Solana de Valdebebas, la Operación Campamento, la Antigua Cárcel de Carabanchel y la Ribera del Calderón comenzarán a cambiar en pocos años el paisaje de la ciudad. Y más adelante, lo harán los desarrollos Madrid Nuevo Sur (El Abroñigal) y Nueva Centralidad del Este. Estos doce ámbitos permitirán sumar a la ciudad 204.000 viviendas, buena parte de ellas, protegidas.
Prólogo de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana
Tras 26 años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), esta adaptación puntual de las normas urbanísticas permite actualizar la normativa a los cambios producidos, tanto sociales y económicos como legislativos y tecnológicos. Son el prólogo que permitirá trabajar en el nuevo PGOU.
Las nuevas normas urbanísticas ponen la base para el fomento de la construcción de edificios y viviendas más confortables, accesibles, saludables, sostenibles y eficientes para las personas; establecen un marco con mejores condiciones para las actividades económicas, y regulan la mejora del uso de las dotaciones, equipamientos y los espacios vacantes del municipio. Además, se proporciona mayor claridad y simplificación administrativa para hacerla más ágil, y se ofrece máxima seguridad jurídica en todos los ámbitos.
Edificios y viviendas más confortables
Se incorpora un programa mínimo de vivienda para adecuarla a la realidad actual y las nuevas viviendas de la capital ya no pueden ser inferiores a 40 m2, lo que supone un importante progreso en la calidad, desplazando a la Orden Ministerial de 1944 de aplicación hasta el momento.
Las principales mejoras se harán efectivas con medidas como que las terrazas y los cuartos de instalaciones en plantas de piso no computen a efectos de edificabilidad, potenciando los balcones y balconadas tanto en las construcciones nuevas como en las existentes. Se mejora la regulación de las zonas comunitarias y los tendederos, así como de los trasteros, que tampoco computarán a efectos de edificabilidad.
Otra de las cuestiones que regulan las nuevas normas y que no se contemplaba de manera expresa en la normativa actual es la transformación de local a vivienda para facilitar el empleo de locales abandonados y garantizar que las viviendas resultantes respeten las condiciones de habitabilidad, confort, seguridad, accesibilidad y salubridad exigibles a las viviendas de nueva construcción. Además, a partir de ahora se permitirán los miradores con persiana. Y al no contar en edificabilidad los cuartos de instalaciones, se liberan de las azoteas de los edificios, para que sean transitables y utilizables.
La normativa se actualiza para dar vida al centro y mejorar la ciudad consolidada, dotándola de proyectos respetuosos y viables. Se reescriben las reglas para facilitar la intensificación de usos que permita generar más vivienda en el centro de Madrid. También se impulsa la recuperación de patios de manzana con soluciones bioclimáticas y alternativas para que se desarrollen nuevas actividades y se dinamice la economía. Las nuevas normas están encaminadas a respetar más los edificios, la arquitectura, el patrimonio y la historia de la ciudad.
Coliving y el cohousing
Hasta la fecha, Madrid solo regulaba dos tipos de vivienda: la colectiva y la unifamiliar, pero gracias a la actualización normativa, la capital introduce la regulación de dos nuevos modelos residenciales emergentes: el coliving y el cohousing.
Por un lado, se integran en la nueva categoría la clase de residencia compartida o coliving, donde a los residentes no necesariamente les unen vínculos sociales, religiosos o similares. Para esta tipología se crean las condiciones para la convivencia entre los residentes mediante una importante dotación de espacios comunes, con la correlativa reducción de las unidades de alojamiento privativas de las viviendas. Éstas no podrán ser inferiores a 15 m2 para una persona, ni a 10 m2 por persona cuando esté prevista para más de una persona.
Además, se regulan las viviendas colectivas tipo 2 o cohousing, donde prima la convivencia y relación entre los residentes, para la que los espacios comunes aumentan hasta abarcar todas las zonas de estancia y ocio. La superficie mínima de la vivienda será en este caso de 30 m2, compensando el resto hasta los 40 m2 con las zonas comunitarias.
En lo referente a los usos terciarios, el objetivo es establecer unas reglas del juego claras. La modificación de las normas urbanísticas integra el Plan Especial de Hospedaje, incluido sus anillos, por lo que las Viviendas de Uso Turístico no experimentan cambio alguno y quedan sujetas a ese plan que exige un acceso independiente a la vivienda.
‘Factor verde’, más superficie vegetal
La renovación de las normas introduce un nuevo parámetro urbanístico: el ‘factor verde’. El objetivo que persigue es mejorar la sostenibilidad ambiental mediante el aumento de la superficie vegetal total en la edificación a través de cubiertas y fachadas verdes y, en el espacio libre de parcela, fomentar la plantación de arbolado y el ajardinamiento. De este modo se contribuirá a reducir el efecto de isla de calor y mejorar la calidad del aire en factores como la humedad relativa, la reducción del CO2 y las partículas contaminantes.
Los elementos de producción de energía sostenible o elementos constructivos de mejora de la eficiencia, así como los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas no computarán a efectos de edificabilidad, y se contempla que a mayor superficie ‘vegetal’ se aplicará un factor verde que permitirá optimizar el espacio libre de parcela.
Mejores dotaciones y más rápidas
La prioridad del Ayuntamiento es implantar aquellas dotaciones que necesitan los barrios. Para eso, se flexibilizan los usos y se simplifica la implantación de equipamientos dotacionales básicos y singulares de forma inmediata. Esto da mucha más agilidad, por ejemplo, para poder instalar un centro cultural o deportivo, sin tener que redactar un plan especial. De igual forma, se permite el destino transitorio de solares por un plazo máximo de cuatro años para que se puedan dedicar a zonas de esparcimiento y a la mejora del paisaje urbano hasta que se construya el dotacional previsto.
Una de las mayores novedades es que se posibilita construir viviendas tuteladas y viviendas de integración social en suelos dotacionales, dirigidas a colectivos con necesidades específicas.
Más actividad, más empleo
El Ayuntamiento dará respuesta a los retos que se plantean en cuanto a nuevas industrias y actividades. En cuanto a las cocinas agrupadas, se prioriza su implantación en polígonos industriales y se limita su actividad en zonas residenciales, al igual que ocurre con el uso almacenaje con reparto a domicilio y la logística, marcando un criterio claro en cuanto a su posible impacto en el entorno.
Así, se limita su implantación en ámbitos residenciales a locales de uso industrial con un máximo de 350 m2, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. El máximo de cocinas permitidas será de ocho. Además, se exigirá un estudio de movilidad para conocer el impacto que tendrá en la zona.
Más sencillez y seguridad jurídica
En las nuevas normas se simplifica el lenguaje burocrático utilizando uno más comprensible y se unifican todos los criterios interpretativos publicados en dos décadas sobre artículos del plan general, es decir, se da seguridad jurídica.
Además, se adaptan los tiempos de la administración a los de la sociedad, eliminando trabas y trámites reiterativos como ocurre, por ejemplo, con los Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental (PECUAU), que incluyen las mismas comprobaciones que se hacen luego en el proceso de licencia. Por eso, se elimina esta exigencia de PECUAU sin rebajar los requisitos medioambientales ni los controles que ejercía, que seguirán haciéndose. Esto supone ganar una media de año y medio de tiempo a la hora de tener el visto bueno a un proyecto.
