Este lunes, 2 de octubre, Día Mundial del Hábitat, 14 organizaciones muy representativas de la sociedad civil madrileña han constituido la llamada “Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda” con el fin de exigir al Gobierno regional que garantice el derecho a una vivienda digna para toda la población. Lo han hecho esta mañana al término de un encuentro de reflexión y debate sobre esta problemática que, con el título de “Vivienda es vida”, ha tenido lugar en la sede del Consejo de la Juventud, en San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde).
Varias vecinas de la Cañada Real Galiana que, al igual que una parte importante de su barrio, llevan ya tres años sin suministro eléctrico, han sido las encargadas de leer el manifiesto que ha servido de base para la puesta en marcha de la nueva plataforma. Detrás de este espacio unitario se encuentran, de momento, las siguientes entidades: Amnistía Internacional, CAES, CCOO, Consejo de la Juventud, Coordinadora de Vivienda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación Realidades, Fundación San Martín de Porres, Sindicato de Inquilinas de Madrid, Plataforma Luz, Provivienda y UGT.
En su manifiesto, estas organizaciones recuerdan que el derecho a la vivienda es un principio fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española. «Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, que hoy vive una auténtica emergencia habitacional, este derecho se ve sistemáticamente vulnerado», denuncian.
El documento enfatiza que la vivienda «no es un bien de mercado, sino un elemento crucial para garantizar una vida digna. Sin embargo, en la actualidad, la adquisición de un inmueble se ha convertido en un objeto de especulación inmobiliaria, lo que se traduce en alquileres inaccesibles y precios de compra prohibitivos, especialmente para aquellos colectivos que están en situación de vulnerabilidad».
«A una más que escasa oferta de vivienda pública, se le suma el aumento desproporcionado de los precios de compra y alquiler y el auge de los pisos turísticos, que están provocando terribles consecuencias para las familias, incluyendo un aumento en los desahucios, el hacinamiento, el sinhogarismo y la marginalidad», señalan. Estos precios «dificultan la emancipación de las personas jóvenes y crean condiciones precarias para las familias monomarentales y las personas con discapacidad».
Ante esta situación, «del todo insostenible», la nueva plataforma exige en su manifiesto fundacional a las autoridades de la Comunidad de Madrid las siguientes demandas:
1. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.
2. La aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado y desarrollo de convenios de aplicación de programas del Plan Estatal de Vivienda con gestión transparente y aplicación eficiente, garantizando que se utilizan la totalidad de fondos estatales disponibles para la Comunidad de Madrid.
3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social. Reclamamos que desde las competencias autonómicas se adopten las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb.
4. Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.
5. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.
6. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.
7. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía.
